La magistrada del Juzgado Mixto de Parcoy ordenó 24 meses de prisión preventiva contra Liliana Pizán Chirado, sindicada como pareja sentimental y abogada de Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”. La mujer es investigada por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y lavado de activos. Según la Fiscalía, habría facilitado la fuga del cabecilla, encubierto operaciones ilícitas vinculadas a extorsión minera y adquirido bienes con dinero de origen delictivo.
Pizámn Chirado, una joven activista y aspirante a congresista, terminó sentada en el banquillo de los acusados, vinculada al crimen organizado más temido de la sierra liberteña. Liliana Estefany Pizán Chirado, abogada trujillana, ha pasado de representar causas sociales a enfrentar 24 meses de prisión preventiva por orden del Juzgado Mixto de Parcoy. La Fiscalía la sindica como cómplice y pareja de Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto autor intelectual de la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz.
El Ministerio Público la acusa de participar activamente en una red criminal dedicada al sicariato, la extorsión y el lavado de activos, operando con una fachada de liderazgo político y juvenil que le permitió escabullirse durante meses de las miradas fiscalizadoras.
Hasta hace poco, Liliana Pizán era una figura conocida en foros y encuentros juveniles. Fue presidenta del Consejo Regional de la Juventud de La Libertad, activista en causas de liderazgo femenino y candidata a regidora distrital en las elecciones de 2022. En sus redes sociales, publicaba frases como “quiero ser agente de cambio” y participaba en videos sobre justicia social, derechos humanos y participación ciudadana. Su discurso era impecable, convincente. Su entorno político la respaldaba. Nadie sospechaba que detrás de ese perfil público se ocultaba una de las piezas más importantes en la estrategia legal y logística de una organización criminal.
El 15 de mayo de 2025, mientras en Colombia era capturado Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, por su presunta autoría intelectual en una serie de asesinatos en la sierra liberteña, en el distrito de Alto Trujillo era detenida su pareja y abogada, Liliana Pizán Chirado. La Fiscalía había iniciado su seguimiento desde diciembre del año anterior, cuando detectó sus primeras acciones como operadora legal de la organización.
Durante el allanamiento a su vivienda se incautaron más de 70 mil soles, 14 mil dólares en efectivo, joyas de alto valor, tres vehículos de alta gama adquiridos al contado, y documentos que la vinculaban directamente con operaciones delictivas. Entre los objetos más comprometedores se encontró un dije de esmeralda comprado en una exclusiva joyería colombiana por el propio Cuchillo, prueba que la Fiscalía considera clave para demostrar la cercanía y complicidad entre ambos.
De defensora a encubridora
Según el informe fiscal, desde el 17 de diciembre de 2023, Liliana comenzó a intervenir directamente en la defensa legal de miembros de la organización con el objetivo de obstaculizar las investigaciones. La acusación sostiene que su rol fue mucho más que el de una abogada: habría coordinado la fuga de Rodríguez Díaz al extranjero, manipulado testimonios, facilitado transferencias de dinero ilícito y operado como nexo entre el cabecilla y sus cómplices.
“La procesada utilizó su perfil político como una fachada para actuar impunemente y ejecutar tareas de protección y encubrimiento dentro de una red criminal que operaba en La Libertad y otras regiones del país”, sostiene el documento presentado por el Ministerio Público. La Policía Nacional va más allá: en su informe señala que “ser la abogada de Cuchillo fue un disfraz para actuar como su socia operativa”.
Liliana Pizán cumple prisión preventiva mientras la Fiscalía continúa recogiendo evidencia y ampliando su investigación. De probarse las acusaciones, la joven abogada podría enfrentar penas superiores a los 25 años de prisión.
