En un hecho sin precedentes para el sistema judicial peruano, en Trujillo, un menor de edad, de 16 años, ha sido condenado a 7 años y 10 meses de cárcel por la tenencia ilegal de explosivos y municiones.
Se trata del adolescente de iniciales S.E.U.U., de tan solo 16 años, obrero de construcción y estudiante de tercer año de secundaria, natural de Trujillo. Su detención y proceso marcan un hito en la lucha contra el crimen organizado y el uso de menores por bandas criminales en zonas vulnerables del país.
La condena fue dictada por el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria-flagrancia delictiva de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Juan Andrés Chirinos Castro. En tanto, la investigación estuvo a cargo del fiscal Denys Paúl Rivas Rodríguez, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Libertad.
El caso se remonta al pasado 22 de mayo de 2025, cuando una patrulla de la DEPINCRI Este – El Porvenir ingresó al polideportivo “José Paolo Guerrero”, ubicado en el convulsionado distrito de Alto Trujillo, alertados por vecinos anónimos sobre la presencia de un grupo de jóvenes que, según dijeron, consumían sustancias ilegales. Lo que hallaron superó cualquier expectativa.
El hallazgo explosivo
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a cinco jóvenes reunidos en las gradas de la cancha de gras sintético. Al notar la presencia policial, uno de ellos —según los testimonios policiales y de los propios intervenidos— arrojó un morral negro hacia un costado. El joven era identificado como S.E.U.U., quien vestía una casaca negra con franjas blancas y sandalias, una descripción que coincidió en múltiples testimonios de los efectivos intervinientes.
Al revisar el contenido del morral, se descubrieron seis emulsiones explosivas marca FAMESA, dos segmentos de mecha lenta, dos fulminantes N°8, dos municiones calibre .223 REM, y stickers con simbología presuntamente extorsiva, como “Jaguar Amarillo” y “The Octopus”. Pero eso no fue todo. Durante el registro personal, a S.E.U.U. se le encontraron tres municiones más del mismo calibre en el bolsillo derecho de su casaca.
La escena quedó registrada en múltiples actas policiales, pericias balísticas y testimonios coincidentes de al menos cinco efectivos de la PNP. Además, los demás intervenidos —jóvenes entre 20 y 23 años— señalaron sin titubeos que fue S.E.U.U. quien llevaba el morral con el material explosivo y quien lo lanzó al notar la presencia de los agentes.
Proceso inmediato y medida ejemplar
Apenas un día después de su detención, el fiscal provincial del Tercer Despacho Penal de la Fiscalía Mixta Corporativa de El Porvenir, presentó una solicitud de proceso inmediato contra el menor de edad. En su escrito, fundamentó la gravedad del caso con base en los artículos 279 y 279-G del Código Penal, que tipifican la tenencia de explosivos y municiones como delitos contra la seguridad pública.
La pena mínima por estos delitos asciende a 14 años de prisión, sumando el concurso real. A ello se sumó el pedido de prisión preventiva por cinco meses, basándose en la flagrancia, el peligro de fuga y la carencia de arraigo familiar, domiciliario y laboral del imputado.
Pese a que el polideportivo no contaba con cámaras de vigilancia, y no se encontraron testigos civiles dispuestos a declarar por miedo a represalias, la versión de los agentes intervinientes y las propias confesiones de los detenidos apuntaron a una línea clara de responsabilidad.
El propio S.E.U.U. confesó en su declaración que portaba el morral con explosivos y que lo arrojó al ver a la policía, aunque insistió en que no sabía qué contenía. Los informes periciales no dejaron lugar a dudas: todos los explosivos, fulminantes y municiones estaban en buen estado y operativos.
Esta es la primera vez que un menor de edad es procesado bajo esta figura en el marco de un proceso inmediato en la región La Libertad. La Fiscalía lo calificó como un caso paradigmático en la lucha contra el uso de menores por bandas criminales para el transporte de armamento y material explosivo.
El caso también ha encendido las alarmas sobre la situación de vulnerabilidad en que viven muchos adolescentes en zonas periféricas como Alto Trujillo. S.E.U.U. vivía con su madre en una vivienda sencilla del barrio 5, donde, según constató la policía, apenas se registraban signos de supervisión adulta.
