En el distrito minero de Pataz, provincia enclavada en la sierra liberteña, un nuevo conflicto se suma al ya difícil panorama de violencia y crimen organizado. Esta vez, no se trata de mineros ilegales ni de bandas armadas, sino del Estado mismo: los policías comisionados para restablecer el orden en la zona se sienten engañados, abandonados y pisoteados.
Todo comenzó el pasado 5 de mayo de 2025, cuando un grupo de delincuentes asesinó a trabajadores de la empresa minera La Poderosa en un acto de barbarie que conmocionó al país. En respuesta, el Ejecutivo decretó Estado de Emergencia en toda la provincia de Pataz mediante el Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM.
La medida incluyó el despliegue de cerca de mil efectivos policiales, respaldados por personal militar, para tomar el control del territorio y desarticular a las organizaciones criminales que operan desde hace años en esa zona.
La tarea encomendada a los agentes de la Policía Nacional no ha sido fácil. Desde que llegaron a Pataz, enfrentan altitudes extremas, lluvias constantes, temperaturas que rozan los cero grados y un altísimo costo de vida. A diario deben cubrir con sus propios medios alimentos, productos de aseo personal, atención médica y medicamentos.
Durante una visita oficial al campamento minero de Hualanga, el Comandante General de la PNP, José Luis Zanabria Angulo, ofreció públicamente un compromiso claro: “El personal policial comisionado en el distrito y provincia de Pataz cobrará sus viáticos al 100 % por un período de 29 días, en un plazo máximo de dos semanas desde el inicio de la comisión”.
Estas palabras levantaron el ánimo de los efectivos. Sabían que cumplirían una misión arriesgada, pero al menos contaban con respaldo económico. Sin embargo, ha pasado más del plazo prometido y los viáticos aún no han sido depositados.
Y lo más grave: ha comenzado a circular la versión de que el pago no será completo, sino reducido al 50 %. La indignación no se hizo esperar.
¿Dónde está el dinero?
La situación es particularmente preocupante, ya que el presupuesto para los viáticos fue aprobado y transferido desde el Ministerio del Interior a las unidades ejecutoras. ¿Qué ha pasado con esos fondos? ¿Por qué no se ha cumplido lo anunciado? ¿Quién se beneficia de este recorte injustificado?
La ley es clara. El reglamento de viáticos de la PNP y las directivas del Estado de Emergencia exigen que el personal comisionado en zonas de alto riesgo reciba el 100% del pago diario correspondiente. No hay margen para interpretaciones.
Tampoco es cierto, como se ha intentado justificar desde algunos despachos, que la empresa minera La Poderosa cubra alimentación o alojamiento. Dicha compañía no tiene convenio vigente con la PNP, según se verifica en el Registro Nacional de Proveedores y en el OSCE.
Los testimonios recogidos en la zona revelan una realidad desalentadora. Policías durmiendo en carpas improvisadas, sin abrigo suficiente. Otros comprando medicinas por su cuenta para tratar infecciones respiratorias. Algunos sobreviviendo a punta de fideos instantáneos, en medio de una zona donde un menú puede costar hasta tres veces más que en Lima.
“Nos dijeron que estábamos respaldados, pero en la práctica nos han dejado solos”, comenta un suboficial que prefirió no revelar su nombre. “No es justo que después de cumplir nuestra labor nos recorten lo que nos corresponde por ley. Es una traición”.
Exigencia de justicia y transparencia
La pregunta es directa: ¿por qué no se ha cumplido con el personal policial que arriesga su vida en Pataz? Mientras los altos mandos declaran respaldo institucional y la presidenta habla de respeto a la labor policial, los subalternos enfrentan el abandono y la desconfianza. El malestar en la tropa es evidente, y si no se actúa con prontitud, esta situación puede escalar a una crisis mayor dentro de la misma institución.
