Con carteles y reclamos de justicia, familiares y amigos de Manuel Grimaldo Laurente Mejía llegaron a la Fiscalía Provincial Mixta de Paiján para exigir celeridad en la investigación sobre su muerte dentro de las instalaciones de Exalmar SAA, en la carretera hacia Puerto Malabrigo (Ascope).
La tragedia ocurrió el 14 de febrero, cuando Laurente, chofer profesional de la empresa de transportes Joselito SAC, sufrió un aparatoso accidente mientras cargaba harina de pescado en un tráiler. La familia acusa a ambas compañías de “atentar contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”, señalando que no se cumplieron protocolos para prevenir el accidente.
Demoras y sospechas
La defensa legal, encabezada por Raquel Laurente, denuncia que la Comisaría de Rázuri se negó a recibir la denuncia en dos ocasiones. Recién el 18 de febrero, y con presencia de la abogada, aceptaron formalizarla.
El Suboficial de Segunda PNP Andy Jayr Bernal Domínguez habría tardado cinco meses en emitir su informe policial, pese a tres llamados de atención del fiscal Gustavo Rafael Díaz Vargas. La abogada no descarta denunciar al efectivo ante Inspectoría de la PNP.
Negligencia en la atención
El accidente ocurrió a las 9:49 p. m.: Laurente cayó desde 2,5 metros e impactó contra el pavimento, sufriendo traumatismo cerebral focal y otras lesiones. Según la defensa, fue trasladado de forma “inhumana” en una camioneta hasta el hospital de Chocope, donde fue abandonado sin notificar a su familia.
Ingresó al Hospital de EsSalud Virgen de la Puerta en Trujillo a las 3:26 a. m. del día siguiente, sin acompañantes de la empresa, perdiendo —según la familia— seis horas críticas para salvarle la vida.
El 17 de febrero, ya con diagnóstico de muerte cerebral por más de 60 horas, fue intervenido en el Hospital Lazarte, donde finalmente falleció.
Clamor por justicia
Los deudos reconocen la labor del fiscal, pero reclaman celeridad en el proceso para determinar responsabilidades penales y laborales. Afirman que desde el accidente las empresas han cerrado sus puertas a la viuda y a los hijos de la víctima.
“Una justicia lenta no es justicia”, repiten, mientras exigen que la muerte de Laurente no quede impune.
