En Trujillo, la entrega de chalecos antibalas a los serenos de la Municipalidad Provincial, dispuesta por el alcalde Mario Reyna tras las recientes manifestaciones, ha abierto un nuevo frente de polémica.
Lo que debía ser un gesto para calmar el malestar del personal de seguridad ciudadana terminó convirtiéndose en una denuncia pública sobre presunta sobrevaloración. El secretario general del sindicato de serenos, Carlos Bocanegra, y el regidor Jorge Vásquez aseguran que la comuna habría pagado sumas excesivas por la compra de estos equipos de protección y de radios portátiles.
Según documentos que ambos presentaron, la municipalidad desembolsó setecientos mil soles por doscientos chalecos, lo que equivale a tres mil quinientos soles por unidad, cuando en el mercado, sostienen, un chaleco nivel III-A con dos fundas adicionales no supera los dos mil soles. También cuestionaron la adquisición de doscientos radios, que costaron novecientos mil soles, es decir, cuatro mil setecientos soles por cada uno, cuando en otras comunas se paga mucho menos por equipos similares.
Las declaraciones han generado un fuerte cuestionamiento al gerente de Seguridad Ciudadana, César Campaña, quien será citado al pleno del Concejo para dar explicaciones. El regidor Vásquez enfatizó que la responsabilidad recae también en el alcalde Reyna, por mantener en el cargo a un funcionario cuya gestión ya había sido criticada anteriormente. Bocanegra, por su parte, insistió en que la Fiscalía y la Contraloría deben abrir una investigación exhaustiva, pues considera que hay indicios suficientes de que los precios no se corresponden con el valor real de mercado.
La municipalidad, hasta el momento, no ha ofrecido una respuesta oficial ni del gerente aludido ni del propio alcalde. La falta de aclaraciones solo alimenta las sospechas de un manejo irregular en las compras, en un contexto en el que los serenos demandan mejores condiciones de trabajo frente a la ola de inseguridad que golpea a Trujillo. El asunto ahora se perfila como un caso que podría escalar en el terreno judicial y convertirse en un nuevo dolor de cabeza para la gestión municipal.
