Contraloría revela graves deficiencias sanitarias y administrativas en el plan de distribución de agua potable para más de 13 mil personas vulnerables. Sedalib habría utilizado cisternas con óxido, omitió el control del cloro y retrasó la ejecución del presupuesto asignado desde febrero.
En una región golpeada por la escasez de agua, donde miles de familias sobreviven con baldes, recipientes improvisados y racionamientos, la empresa Sedalib —encargada del servicio de agua potable en Trujillo— no solo demoró meses en distribuir el recurso prometido a la población en pobreza extrema, sino que lo hizo utilizando camiones cisternas con presencia de óxido en sus compartimientos, poniendo en riesgo la salud pública.
Así lo revela el Informe de Visita de Control N.º 016-2025-OCI/0264-SVC de la Contraloría General de la República, documento que expone una serie de irregularidades que comprometen la integridad de la distribución y la gestión del presupuesto asignado para esta tarea.
Demora injustificada y riesgo sanitario
El plan de distribución gratuita debió ejecutarse desde inicios del año. El 5 de febrero, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento transfirió a Sedalib S/ 1 115 368.91 para atender a 13 962 personas de Alto Trujillo, La Esperanza (parte alta) y el centro poblado El Milagro (Huanchaco).
Sin embargo, Sedalib recién inició la distribución el 15 de septiembre, es decir, más de siete meses después de contar con los fondos. Esta demora se produjo a pesar de que las zonas beneficiarias presentan condiciones severas de vulnerabilidad, carencia de conexiones formales y problemas crónicos de acceso al agua segura.
La Contraloría sostiene que Sedalib solo programó S/ 371 101.28 para ejecutar el plan, equivalente al 33 % del presupuesto total, lo que abre la posibilidad de que la empresa tenga que devolver más de dos tercios del dinero al Estado al no haber sido utilizado dentro del plazo.
Pero quizá lo más preocupante es que, según el órgano de control, los camiones cisterna empleados no cumplían condiciones básicas de salubridad: los cuatro vehículos inspeccionados mostraban óxido en las paredes internas del compartimiento de agua, un riesgo directo de contaminación por metales y proliferación bacteriana.
Además, Sedalib no habría realizado el monitoreo obligatorio del cloro residual, parámetro indispensable para garantizar la inocuidad microbiológica del agua distribuida. Sin este control, cualquier contaminante —desde microorganismos hasta metales pesados— podría llegar al consumo humano sin ser detectado.
Falta de control, ausencia de campañas y beneficiarios sin registrar
El informe también advierte que Sedalib no consignó en las actas de entrega el número total de beneficiarios atendidos en cada jornada. Esta omisión afecta la transparencia del proceso, el seguimiento de metas y la validación del uso del presupuesto asignado.
Tampoco se realizaron campañas de sensibilización sobre el manejo seguro del agua, pese a que estas intervenciones son obligatorias en cualquier proceso de abastecimiento por cisternas para evitar contaminación cruzada en los hogares y recipientes.
En declaraciones al diario Correo, el presidente del directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, reconoció la gravedad del hallazgo:
“Desde mi punto de vista hubo negligencia. La gerencia general está adoptando acciones para determinar responsabilidades”, afirmó.
Fuentes internas de la empresa señalaron además que algunos camiones cisterna utilizados habrían sido “recurrentes” en servicios tercerizados anteriores, lo que explicaría su deterioro.
Un problema estructural que golpea a los más pobres
La demora y deficiencia en la distribución de agua potable contrasta con la realidad de miles de familias de Alto Trujillo, La Esperanza y El Milagro, zonas donde la falta de agua no solo limita la higiene y la alimentación, sino que agrava enfermedades, exposición a pestes y riesgos sanitarios.
Organizaciones sociales de estos sectores han denunciado durante años que el acceso al agua se vuelve un “privilegio”, y que la distribución irregular obliga a muchas familias a comprar agua a proveedores informales a precios abusivos.
La falta de control de cloro y el uso de cisternas oxidadas podrían además elevar los riesgos de enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y exposición a metales pesados, especialmente en niños y adultos mayores.
Riesgo de devolución del presupuesto y un llamado urgente a la acción
De no ejecutarse los fondos antes de fin de año, Sedalib deberá devolver al Estado la mayor parte del presupuesto. Un retroceso que significaría dejar nuevamente sin un recurso vital a las comunidades más pobres de Trujillo.
Contraloría ha recomendado acciones inmediatas, pero los tiempos son cortos y las deficiencias estructurales profundas.
Mientras tanto, la ciudadanía espera explicaciones claras y correctivos reales. El agua, derecho fundamental, no puede seguir llegando tarde, mal y en condiciones riesgosas.
