La escena parecía cotidiana, pero no lo era. En la tranquila calle Martínez de Compañón, en la urbanización San Andrés, el movimiento de un pequeño local llamó la atención de los agentes de Inteligencia de la PNP. Era martes 18 de noviembre por la noche y las horas corrían previo al contundente megaoperativo que el Ministerio Público ejecutaría al día siguiente en tres regiones del país. Allí, en ese punto discreto pero estratégico, Óscar Acuña Peralta —hermano del gobernador de La Libertad, César Acuña, y figura clave en la investigación del caso Qali Warma— se sentó a esperar, conversar y recibir llamadas. No imaginaba que Causa Justa lo estaba registrando todo con su cámara.
Acuña llegó al local de la dulcería Bruale y se mantuvo allí alrededor de dos horas. Su presencia no pasó desapercibida para el equipo de Inteligencia que, desde días atrás, también había empezado a rastrear sus movimientos ante la inminente detención preliminar dictada por el Poder Judicial por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Lo siguieron a corta distancia, sin perderlo de vista, mientras el dirigente apepista se reunía con varios allegados en un ambiente que, hasta ese momento, parecía de absoluta normalidad.
A las 7:30 p.m., el hermano del líder de APP salió del local sin prisa. Lo que vino después marcó un giro abrupto en la vigilancia. Acuña caminó apenas una cuadra para dirigirse al local del partido Alianza Para el Progreso, ubicado también en San Andrés. Pero mientras ingresaba, su entorno habría detectado sutiles movimientos, miradas fijas y un patrón de seguimiento que solo alguien advertido podría percibir. La agente de Inteligencia que lo seguía desde el primer punto continuó su desplazamiento, pero, según fuentes conocedoras del operativo, habría sido identificada por personas del círculo cercano de Acuña.
Unas llamadas telefónicas encendieron las alarmas aún más. Desde su móvil, Acuña recibió una advertencia que cambiaría todo: ya se sabía que algo se venía “en su contra”. Una operación estaba en marcha. Una diligencia judicial había sido aprobada. Y su nombre aparecía en la lista. No quedaban dudas, la información había llegado antes de tiempo a oídos del investigado, poniendo en alerta a quienes lo acompañaban.
Minutos después, y antes de que cayera la noche por completo, Óscar Acuña abandonó el local de APP sin hacer ruido y sin dejar rastro del destino inmediato que tomaría. Horas más tarde, el miércoles a primeras horas de la mañana, a solo ocho de distancia, el Ministerio Público y la Policía Nacional iniciarían un megaoperativo simultáneo para allanar dieciséis inmuebles vinculados al caso Qali Warma en Áncash, La Libertad y Lima. El objetivo: detener a funcionarios implicados en una presunta red de sobornos, manipulación de fiscalizaciones sanitarias y favorecimientos irregulares a la empresa Frigoinca para contratos con el programa social.
Cuando los agentes llegaron a su vivienda al amanecer, Acuña ya no estaba. El operativo continuó en su oficina política de APP en San Andrés, donde se incautaron documentos relevantes para las investigaciones. La Fiscalía confirmó que el dirigente está en condición de no habido y ha solicitado a la Policía que intensifique su búsqueda.
La víspera del operativo, reconstruida por este medio, muestra algo más que una simple coincidencia. Revela que había conocimiento anticipado, alertas cruzadas y movimientos evasivos previos a una intervención fiscal que dejó al descubierto una red que habría operado desde el sector salud y el entorno político regional. El paradero de Óscar Acuña sigue siendo un misterio.
