En una provincia donde el Estado intenta recuperar el territorio centímetro a centímetro, la Operación “Martillo N.º 1” se convirtió en una muestra contundente de la presión militar y policial contra las economías ilegales que dominan amplias zonas de Pataz. La intervención, ejecutada por el Comando Unificado Pataz en el anexo Pueblo Nuevo, permitió ubicar y destruir una planta de beneficio clandestina que funcionaba sin registro, sin permisos y bajo el paraguas del crimen organizado que controla gran parte del oro que sale de la zona.
El despliegue estuvo liderado por operadores especiales de la Fuerza Especial Conjunta junto a efectivos especializados de la Policía Nacional, quienes se internaron en la zona boscosa para verificar denuncias sobre el funcionamiento de una chancadora oculta entre campamentos improvisados. La presencia de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, además de representantes del Ministerio de Energía y Minas y de Sucamec, permitió corroborar in situ que la estructura operaba al margen de cualquier normativa, sin inscripción en el Reinfo y sin documentación habilitante.
Lo que encontraron fue el clásico engranaje de la minería ilegal en Pataz: equipos operando día y noche, mecanismos de trituración de mineral, combustible almacenado en tambores oxidados y cientos de sacos con material polimetálico listos para ser transportados hacia plantas de procesamiento clandestinas o comercializados a través de intermediarios. La maquinaria —una chancadora y varias estructuras complementarias— había sido instalada en un punto estratégico que permitía ocultar el ruido y facilitar el traslado del mineral hacia trochas y caminos secundarios.
En cumplimiento de la ley, los equipos militares y policiales procedieron con la interdicción. La destrucción de la maquinaria representó un golpe económico valorado en más de medio millón de soles. Cada pieza inutilizada impacta directamente en el negocio ilícito: sin chancadora, sin compresoras, sin fajas transportadoras ni tanques, la operación criminal queda paralizada, obligando a sus operadores a reconfigurar sus rutas o abandonar temporalmente la zona.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Ojeda Parra, destacó el significado de estas acciones en un contexto donde la minería ilegal ya no es solo un delito ambiental, sino una fuente de financiamiento para organizaciones dedicadas al sicariato, la extorsión y el control territorial. Recordó que, desde el inicio del Estado de Emergencia en Pataz, las operaciones conjuntas han generado pérdidas superiores a los 246 millones de soles para estas redes criminales, cifra que evidencia la magnitud real del negocio que se combate.
Para Ojeda Parra, la clave está en la inteligencia coordinada. Cada operación —señaló— parte de análisis previos, vigilancia técnica y trabajo integrado entre Ejército, PNP, Fiscalía, Sunat, Sucamec y otras instituciones. Solo así es posible identificar los puntos decisivos dentro del mapa criminal, donde la destrucción de una sola planta clandestina puede significar el quiebre temporal de toda una cadena de producción ilegal.
La Operación “Martillo N.º 1” se desarrolló en el marco del D.S. 060-2025-PCM y su prórroga, dispositivos que conceden a las Fuerzas Armadas el control del orden interno en Pataz a través de un Comando Unificado. Esta estructura permite una respuesta más veloz y contundente frente a organizaciones que se camuflan entre actividades extractivas y que han logrado penetrar territorios completos, imponiendo reglas paralelas y desplazando a la población.
El operativo deja claro que el Estado está dispuesto a mantener su presencia y a sostener un esfuerzo que, si bien ha permitido golpes significativos, aún enfrenta grandes desafíos. La minería ilegal continúa expandiéndose más rápido de lo que se logra desarticular, alimentada por altos precios del oro, redes de logística clandestina, corrupción institucionalizada y un tejido social devastado por años de violencia.
En Pueblo Nuevo, tras la destrucción de la planta, quedó el silencio de una estructura apagada y la huella de un operativo que, al menos por ahora, fractura una parte del engranaje criminal. Las fuerzas del orden anunciaron que no será la última intervención. Más operaciones están en curso y el objetivo inmediato es consolidar el control territorial para retirar a las organizaciones criminales que han convertido a Pataz en uno de los epicentros más peligrosos del país.
La ofensiva continúa, y en Pataz —donde la economía ilegal se mezcla con la vida cotidiana— cada operativo representa un mensaje: el Estado no se retira. No esta vez.
