Una nueva controversia se abre en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) tras la denuncia contra el gerente general, Carlos Sánchez Caipo, por haber firmado documentos oficiales como alcalde encargado durante la ausencia del titular del despacho, Mario Reyna Rodríguez.
El caso fue puesto en agenda durante una sesión de concejo por el regidor Luis Gonzáles Rosell, quien confirmó que, junto a otros concejales, solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República para determinar si el funcionario estaba legalmente facultado para asumir dichas funciones.
Las resoluciones en cuestión
El hecho se remonta al pasado 6 de marzo, cuando el alcalde Mario Reyna se encontraba con licencia en Estados Unidos. Según la información expuesta, durante ese periodo el gerente municipal firmó y selló dos resoluciones de alcaldía consignándose como “alcalde encargado”, pese a que —de acuerdo con la estructura municipal— esa responsabilidad correspondía a la primera regidora, Eiby Guibert.
Las resoluciones observadas están vinculadas a decisiones relevantes para la gestión municipal. Una de ellas aprobó la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2027-2029, mientras que la otra convocó al proceso de elecciones de autoridades municipales en 14 centros poblados de la provincia.
Estos documentos, por su naturaleza, han generado cuestionamientos sobre la validez de los actos administrativos y la posible vulneración de competencias.
Cuestionamientos desde el concejo
El regidor Gonzáles sostuvo que es necesario esclarecer si el gerente general tenía atribuciones para emitir este tipo de resoluciones, ya que existen actos que, por ley, corresponden exclusivamente al alcalde y no pueden ser delegados.
En esa línea, indicó que el objetivo de la solicitud ante la Contraloría es determinar si se trató de un error administrativo o de una extralimitación de funciones.
Versión del alcalde
Frente a la polémica, el alcalde Mario Reyna reconoció que durante su ausencia se dispuso una distribución de funciones: las responsabilidades políticas del despacho fueron encargadas a la regidora Eiby Guibert, mientras que las funciones administrativas quedaron a cargo del gerente general.
Sin embargo, calificó lo ocurrido como un “error” y atribuyó la situación a una equivocación en la elaboración del sello institucional. Según explicó, se habría consignado incorrectamente el cargo de “alcalde encargado” cuando debía figurar como “gerente encargado en funciones administrativas”.
Con estos elementos, la Contraloría deberá evaluar si la firma de las resoluciones constituye una irregularidad administrativa o si se enmarca dentro de las funciones delegadas al gerente municipal.
El caso abre nuevamente el debate sobre los límites de la delegación de funciones en la administración pública y la importancia de garantizar que los actos oficiales se emitan conforme a la normativa vigente, especialmente cuando involucran decisiones de alcance institucional.
