El Poder Judicial ordenó que cuatro inmuebles y una cuenta bancaria vinculados al expresidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug sean transferidos a favor del Estado peruano, tras declarar fundada una demanda de extinción de dominio.
La decisión fue emitida por el Segundo Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima, que concluyó que los bienes fueron adquiridos con recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas relacionadas con delitos contra la administración pública y lavado de activos.
La resolución comprende propiedades ubicadas en Las Casuarinas y el complejo Torre Omega, en el distrito limeño de Surco; un inmueble en Camacho, La Molina; y otra propiedad en el balneario de Punta Sal, en la región Tumbes. El valor conjunto de estos bienes supera los 5 millones de dólares, según la información judicial.
Además, el fallo incluye una cuenta bancaria registrada a nombre de Eva Fernenbug en una entidad financiera peruana, la cual mantenía un saldo superior a 42 mil dólares.
Bienes serán inscritos a nombre del Estado
La sentencia dispone que todos los bienes sean transferidos al Estado libres de cargas o restricciones incompatibles con la decisión judicial. Una vez que el fallo quede consentido o firme, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) deberá inscribir los inmuebles a nombre del Estado peruano.
Asimismo, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) asumirá la administración, custodia y gestión de los bienes comprendidos en la resolución.
La extinción de dominio constituye un proceso autónomo que permite al Estado recuperar bienes cuyo origen ilícito ha sido acreditado judicialmente, independientemente de otros procesos penales.
El fallo se produce mientras el expresidente Alejandro Toledo cumple condenas relacionadas con los casos Ecoteva e Interoceánica Sur, investigaciones vinculadas a hechos de corrupción y lavado de activos.
Con esta decisión, el Estado peruano busca recuperar activos que, según la resolución judicial, fueron obtenidos mediante recursos de procedencia ilícita y que ahora pasarán a formar parte del patrimonio estatal.
