El Ministerio Público puso bajo escrutinio más de S/ 42,8 millones vinculados a la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor. También investiga a un funcionario de la ALA Jequetepeque.
La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo profundiza una investigación contra 18 personas vinculadas a la Junta de Usuarios del Subsector Hidráulico Menor Jequetepeque Clase A, por la presunta comisión de diversos delitos.
De acuerdo con la Providencia Fiscal correspondiente a la Carpeta N.° 2943-2025, la investigación comprende el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de banda criminal, en agravio del Estado.
Asimismo, nueve de los investigados son comprendidos por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio, específicamente apropiación ilícita y administración fraudulenta, en agravio de la propia Junta de Usuarios.
Entre los investigados figura también Óscar Arrasco Yarrín, administrador de la ALA Jequetepeque, a quien se le atribuye preliminarmente la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, además del presunto delito de banda criminal.
Más de S/ 42 millones bajo investigación
Uno de los principales aspectos del caso está relacionado con S/ 42 millones 845 mil 512,71, correspondientes a pagos e incumplimientos vinculados con la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor.
Ante ello, el Ministerio Público ha solicitado información a PEJEZA y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otras instituciones, con el objetivo de determinar quiénes estaban legalmente facultados para administrar y recaudar dichos recursos y si estos fueron transferidos íntegramente a quienes correspondía.
La Fiscalía también dispuso recabar auditorías, información patrimonial de la Junta de Usuarios, documentación relacionada con procesos electorales y copias de procesos judiciales, como parte de las diligencias para esclarecer los hechos.
La investigación se encuentra en curso. La inclusión de los involucrados en la carpeta fiscal no implica una condena ni determina responsabilidad penal, la cual deberá establecerse conforme avance la investigación y de acuerdo con las pruebas que sean incorporadas al proceso.
