La investigación por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes sumó nuevos elementos. Durante la audiencia judicial, el Ministerio Público sostuvo que Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, habría exigido inicialmente US$ 500 millones a la familia de la víctima para liberarlo.
De acuerdo con la exposición fiscal, aquella primera exigencia habría sido reducida posteriormente hasta llegar a US$ 2 millones, cifra que aparece dentro de la reconstrucción de las negociaciones realizadas mientras Lara permanecía en cautiverio. La información resulta relevante porque refuerza la tesis fiscal de que la retención del empresario habría tenido una finalidad económica.
Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva
El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva dentro de la investigación por los hechos registrados la madrugada del 30 de agosto en la intersección de la avenida Húsares de Junín y la calle Isabel de Bobadilla, en Trujillo. En ese lugar, un grupo armado interceptó el vehículo en el que se desplazaba Jenss Lara. Cuatro de sus acompañantes fueron asesinados y el empresario fue llevado por sus captores.
El requerimiento fiscal comprende a Cruz Torres y a otros investigados por su presunta participación en la estructura que habría planificado y ejecutado el secuestro. Fuentes periodísticas que cubren el proceso reportan que el requerimiento completo alcanza a 13 investigados, aunque no todos se encuentran detenidos.
Fiscalía expone estructura y reparto de funciones
Durante la audiencia, la fiscal Andrea Lavado Pérez, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, presentó la estructura que el Ministerio Público atribuye al grupo investigado. La tesis fiscal contempla diferentes funciones dentro de la presunta organización: negociadores, encargados de la custodia de la víctima, apoyo logístico, ejecutores armados, conductores, reclutadores, coordinadores y personas dedicadas al seguimiento de los objetivos.
Entre los nombres expuestos aparece Juan Carlos Llenque Azabache, alias “Negro Juan”, señalado como negociador; Joyce Renato Bereche Maco, relacionado por la investigación con una camioneta presuntamente utilizada durante el secuestro; y Óscar Daniel Cruz Basilio, señalado como uno de los integrantes de mayor jerarquía de la estructura investigada.
Estas atribuciones corresponden a la tesis del Ministerio Público y todavía deben ser sometidas a contradicción y valoración judicial. La cifra de US$ 2 millones ya había aparecido anteriormente en el caso. Tras la captura de “Jhonsson Pulpo” en Bolivia, Gabriel Alexander Mendocilla Gómez declaró ante investigadores y atribuyó a Cruz Torres participación en el secuestro, señalando que se habría cobrado esa cantidad por la liberación de Lara.
Sin embargo, el padre del empresario había negado públicamente haber entregado dinero por la liberación de su hijo. Esa contradicción convirtió la existencia y eventual monto del rescate en uno de los aspectos que debía esclarecer la investigación. Ahora, la exposición realizada por la Fiscalía durante la audiencia incorpora nuevos elementos sobre una negociación económica que habría comenzado con una cifra mucho mayor y posteriormente habría descendido hasta los US$ 2 millones.
“Jhonsson Pulpo” respondió que “desconoce” si tiene antecedentes
Otro momento de la audiencia se produjo cuando el juez Eduardo Carlos Medina Carrasco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad, consultó a Cruz Torres si registraba antecedentes policiales, judiciales o penales. Su respuesta fue: “Desconozco”.
La declaración llamó la atención porque Cruz Torres registra una condena a cadena perpetua por otro proceso penal, antecedente ampliamente reportado tras su captura en Bolivia. La respuesta dada durante la audiencia no modifica la existencia de resoluciones judiciales anteriores.
La audiencia corresponde a una etapa cautelar. El Ministerio Público busca que los investigados permanezcan privados de libertad durante el desarrollo de las diligencias, mientras las defensas pueden cuestionar los elementos presentados y oponerse al requerimiento.
Por ello, el pedido de 36 meses de prisión preventiva no equivale a una condena por el caso Jenss Lara. El Poder Judicial deberá evaluar individualmente los elementos presentados contra cada investigado y determinar si se cumplen los presupuestos legales para imponer la medida solicitada. La audiencia continuaba este 16 de septiembre.
