Ante el avance de la criminalidad y la preocupación por la incorporación de jóvenes a organizaciones delictivas, autoridades de La Libertad plantearon restablecer el servicio militar obligatorio en el Perú, acompañado de una remuneración mensual de S/ 1,230 para quienes ingresen a las Fuerzas Armadas.
La iniciativa recibió el respaldo de los participantes en la quinta sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), presidida por la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel.
La propuesta busca recuperar un sistema de incorporación militar obligatoria que fue reemplazado por el servicio voluntario a finales de la década de 1990. Sin embargo, su eventual aplicación requeriría cambios en el marco legal nacional y no puede ser dispuesta directamente por un gobierno regional.
El planteamiento surgió durante una reunión en la que también se analizaron los índices de criminalidad de La Libertad, las necesidades de equipamiento policial y las estrategias para prevenir la participación de adolescentes y jóvenes en actividades delictivas.
Durante la sesión, Joana Cabrera solicitó que el acuerdo de respaldo al retorno del servicio militar obligatorio quede registrado en el acta del Coresec. La autoridad señaló que la iniciativa contaría con el apoyo del representante parlamentario Demetrio Valqui Calderón y consideró que el pago de una remuneración equivalente al sueldo mínimo podría incentivar la incorporación de jóvenes a las Fuerzas Armadas. «El servicio militar obligatorio se fomentaría más cuando el pago sea un sueldo mínimo», manifestó la gobernadora.
La propuesta establece como referencia S/ 1,230 mensuales, aunque no se detallaron estimaciones sobre el número de beneficiarios, el costo fiscal ni los mecanismos de financiamiento. Tampoco se precisó qué edades comprendería la obligación, cuánto duraría el servicio o qué excepciones se contemplarían.
Estas condiciones serían fundamentales para evaluar la viabilidad de una eventual reforma. La propuesta fue planteada en un contexto de preocupación por la violencia criminal en La Libertad.
Durante la reunión, el nuevo jefe de la Región Policial La Libertad, general Eric Ángeles Puente, presentó cifras sobre los hechos delictivos registrados en el departamento.
Según su exposición, hasta el 15 de octubre de 2026 se habían contabilizado 172 homicidios y 1,540 extorsiones. Durante la sesión, Joana Cabrera también anunció que el Gobierno Regional entregará 30 computadoras e impresoras a la unidad policial encargada del análisis criminalístico, en un plazo de quince días.
La gobernadora señaló que este equipamiento se suma a inversiones por S/ 100 millones destinadas a mejorar la logística de la Policía Nacional en La Libertad.
Asimismo, anunció una inversión adicional de S/ 15 millones para los últimos meses de 2026. «Sabemos de sus necesidades y por eso ratificamos nuestro compromiso de seguir aportando en seguridad ciudadana con todo lo que esté a nuestro alcance», declaró.
La gobernadora también se refirió a la conformación del Comando Unificado y a las coordinaciones con el Gobierno nacional para fortalecer las operaciones contra la delincuencia. Según indicó, la administración central ofreció incrementar el personal policial y militar destinado a la región. Frente a ello, el Gobierno Regional se comprometió a identificar un espacio que permita alojar a los efectivos que sean desplazados.
Cabrera anunció que sostendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori para definir estos aspectos. La autoridad expresó su expectativa de que las operaciones policiales mantengan resultados sostenidos en materia de detenciones y desarticulación de organizaciones criminales.
En paralelo a las propuestas de seguridad, el Gobierno Regional informó sobre el desarrollo del programa piloto «Decido mi Futuro», impulsado por la Gerencia Regional de Educación. La iniciativa se implementa en diez instituciones educativas seleccionadas por encontrarse en zonas con mayor incidencia delictiva.
El programa busca prevenir situaciones de violencia y reducir factores de riesgo que puedan facilitar la vinculación de adolescentes con actividades criminales. Según explicó el gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez, las intervenciones incluyen a estudiantes, docentes, directores y padres de familia. «Estamos trabajando con los escolares de forma integral, tanto en los entornos de la casa, colegio y la sociedad, brindando charlas y la orientación adecuada para evitar que se contaminen de malas prácticas», sostuvo.
El funcionario señaló que el programa cuenta con la participación de instituciones como el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Sucamec, Defensoría del Pueblo e Instituto Nacional Penitenciario. La estrategia plantea una intervención preventiva que busca abordar los entornos familiares, escolares y sociales de los estudiantes.
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