Por Yuri Castro
Los teléfonos públicos instalados legalmente dentro del penal El Milagro de Trujillo, durante el gobierno de Ollanta Humala, concebidos para que los internos mantengan contacto con sus familiares y abogados, han terminado convirtiéndose en una herramienta utilizada por presos y cabecillas de las organizaciones para ejecutar secuestros, extorsiones y hasta asesinatos desde las frías celdas de este establecimiento penitenciario.
Oficialmente, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de La Libertad es la que acaba de descubrir esto tras la pesquisa realizada a integrantes de “La Nueva Jauría” de la provincia de Virú (La Libertad), desarticulada hace unos días luego que se emitiera las órdenes de captura a través de la resolución N.° 01 del Expediente 7367-2026-79, emitida el 27 de octubre de 2026 por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
La investigación fiscal, que permitió la orden judicial, reúne los resultados de informes de inteligencia y escuchas legales ejecutadas por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional. Los registros permitieron identificar comunicaciones originadas en números de cabecera de los teléfonos públicos del establecimiento penitenciario y vincular algunas de ellas con códigos asignados a internos.
HOLA, TE HABLAN DESDE LA PRISIÓN
Según la tesis fiscal, desde estas líneas se comunicaban con integrantes que permanecían en libertad, coordinaban cobros de dinero, pedían apoyo para detenidos y utilizaban llamadas trianguladas para enlazar a distintas personas.
La investigación no se refiere a teléfonos celulares ingresados clandestinamente, sino a equipos de uso autorizado instalados dentro de los pabellones y administrados por Prisontec, empresa que mantiene con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un contrato para prestar servicios de seguridad tecnológica en las prisiones del país, algunas de ellas de máxima seguridad.
El Informe Policial N.° 113-2026-COMOPPOL/DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPDIAC-Trujillo, del 25 de mayo de 2026, incorporado en las investigaciones fiscales, analizó las llamadas procedentes de establecimientos penitenciarios y administradas mediante el sistema de Prisontec.
La Policía cruzó esos registros con las líneas que ya se encontraban sometidas a interceptación legal por su presunta utilización dentro de “La Nueva Jauría de Virú” y “La Nueva Jauría de San José”.
El análisis identificó números de cabecera desde los cuales salían las llamadas del penal. En los registros figuraban, además, el nombre y el código de identificación del interno que utilizaba el servicio. El 28 de julio de 2024, por ejemplo, una línea atribuida a Kenyi José Moisés Alcántara Cabrera, alias “Kenyi”, recibió una llamada desde la cabecera 56309143. La Policía estableció que la comunicación se originó en el penal El Milagro de Trujillo y quedó asociada al código de Jhosep Martin Carranza Urcia, alias “Grillo”.
La misma cabecera aparece en registros posteriores vinculada con diferentes usuarios. Esto indica que los números de cabecera correspondían a los equipos o puntos de telefonía pública. La individualización se realizaba mediante los códigos utilizados para efectuar cada llamada.
El 27 de enero de 2025, la línea atribuida a Pepe Anelis Castro Reyna, alias “Castro”, recibió otra comunicación desde el penal. El origen fue la cabecera 13212182 y el registro quedó asociado nuevamente a Carranza Urcia.
Un día después se produjo otra llamada hacia la misma persona, esta vez desde la cabecera 13214071. El cruce de información policial volvió a identificar como usuario a alias “Grillo”. Estos registros permitieron a los investigadores establecer que las comunicaciones no solamente tenían como punto de origen físico el penal de Trujillo, sino que podían ser relacionadas con internos determinados a través de los códigos almacenados por el sistema.
“GRILLO” COORDINABA COBROS DESDE PRISIÓN
La investigación fiscal atribuye a Jhosep Martin Carranza Urcia una función de coordinación entre el denominado frente interno de la organización y sus operadores en libertad. Según el expediente fiscal, “Grillo” habría utilizado los teléfonos públicos para comunicarse con “Kenyi” y coordinar el cobro de dinero que debía entregar una persona vinculada con trabajadores que descendían de una zona minera.
El contenido recogido por la Policía forma parte de una serie de comunicaciones en las que los investigados hablaban sobre pagos, intervenciones policiales y solicitudes de ayuda para personas detenidas. El juzgado consideró que los elementos presentados resultaban suficientes para autorizar medidas restrictivas de derechos destinadas a obtener nuevas pruebas.
Carranza Urcia también aparece entre los internos cuyas celdas fueron incluidas en la orden de registro ejecutada durante el denominado “Operativo Titanic 2026”. En aquella intervención, la Policía encontró una libreta con números telefónicos que, según la hipótesis policial, corresponderían a posibles víctimas de extorsión. El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, señaló que los internos ofrecían una falsa protección frente a hechos violentos que la propia organización podía provocar.
EL “TRILAI”: PARA BURLAR RESTRICCIONES
Una de las modalidades descritas en las escuchas es el denominado “trilai”, término empleado por los investigados para referirse a llamadas trianguladas o conferencias de tres participantes. El procedimiento consistía en que una persona ubicada fuera del penal recibía la llamada del interno y, desde su celular, incorporaba a una tercera persona. De esta manera, el reo podía comunicarse indirectamente con otro integrante, un intermediario o una persona con la que necesitaba coordinar.
En una de las conversaciones analizadas, “Castro” le indica a “Kenyi” que una persona conocida como “Jarra” quería hablar con él desde el penal y que realizaría el “trilai” para conectarlos. Una vez establecida la conferencia, el interno habría informado que fue trasladado a otro pabellón después de una pelea y pidió el número telefónico de “Kenyi”.
La importancia del mecanismo radica en que permitía ampliar el alcance de los teléfonos autorizados. Aunque el interno llamara a un número previamente registrado o conocido, el receptor podía incorporar a otras líneas que no aparecían como destino inicial de la comunicación penitenciaria.
Las escuchas incorporadas en el expediente fiscal muestran que las organizaciones investigadas mantenían una comunicación constante entre sus integrantes recluidos y quienes operaban en las calles. Las conversaciones abarcan el cobro de cupos a comerciantes y transportistas, la colocación de calcomanías extorsivas, la identificación de víctimas y las negociaciones de los montos exigidos.
Los stickers eran colocados en negocios, viviendas y vehículos para marcar a quienes se encontraban bajo el control de la organización. La Policía incautó 108 calcomanías durante los allanamientos ejecutados en Trujillo y Virú.
El coronel PNP Robert Trujillo Tarazona, jefe de la Diviac, explicó que “La Nueva Jauría de Virú” y “La Nueva Jauría de San José” actuaban de manera independiente, pero compartían esta modalidad para infundir temor y obligar a sus víctimas a pagar.
El expediente contiene, además, conversaciones sobre posibles atentados, adquisición de armas y disputas entre grupos rivales. En una comunicación se menciona el precio solicitado para asesinar a una persona en medio de una disputa por terrenos.
En otras llamadas, los investigados hablan sobre armas de fuego, pistolas, una Glock y subametralladoras Mini Uzi que estarían disponibles ante una posible confrontación.
Prisontec no ingresó al penal de Trujillo como una empresa de telefonía convencional. Su intervención forma parte del contrato de “Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones”, suscrito en octubre de 2014 entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la empresa, con participación del INPE.
El contrato comprende dos servicios relacionados: el bloqueo de señales de telefonía celular y wifi dentro de los establecimientos penitenciarios, y la administración de los teléfonos públicos autorizados para uso de los internos.
El INPE ha explicado que estos equipos, conocidos como los “teléfonos azulitos”, permiten ejercer el derecho de comunicación de las personas privadas de libertad. Prisontec administra el servicio en 33 establecimientos incluidos en el contrato. En marzo de 2018, el INPE anunció la puesta en funcionamiento del sistema de bloqueadores en el penal de Trujillo. En esa oportunidad informó que Prisontec había instalado 160 teléfonos públicos dentro de los pabellones.
El organismo penitenciario aseguró entonces que los equipos funcionaban bajo condiciones de seguridad y que las personas que recibieran las llamadas serían advertidas de que estas procedían de un penal.
El objetivo del modelo era impedir el uso de celulares clandestinos sin eliminar el derecho de los internos a comunicarse por canales controlados. Ocho años después, la investigación contra “La Nueva Jauría” revela que miembros de una presunta organización criminal habrían utilizado precisamente esos canales autorizados para mantener contacto con sus operadores.
¿QUIÉN DEBÍA DETECTAR LAS LLAMADAS DELICTIVAS?
El INPE ha señalado públicamente que Prisontec tiene la obligación contractual de comunicar a la Policía Nacional o al Ministerio Público las llamadas de internos relacionadas con actividades delictivas. También debe informar a la administración penitenciaria para que adopte las medidas correspondientes.
Sin embargo, la posición institucional contiene una complejidad adicional. En otro caso ocurrido en el penal del Callao, el INPE sostuvo que no tiene facultades para escuchar el contenido de las llamadas realizadas desde los teléfonos públicos sin una orden judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Ambas afirmaciones plantean una pregunta que requiere explicación: si el contenido de las llamadas está protegido y solo puede ser intervenido judicialmente, ¿mediante qué mecanismo Prisontec identifica una comunicación delictiva para reportarla?
En el caso de “La Nueva Jauría”, el expediente fiscal señala que la Policía accedió a registros administrados por Prisontec y los cruzó con líneas sometidas a interceptación legal. El sistema no ha impedido que internos investigados mantuvieran contacto con operadores externos durante varios meses. Los registros citados abarcan comunicaciones efectuadas en 2024 y 2025.
El caso obliga a revisar si existían patrones capaces de activar alertas, como llamadas frecuentes a líneas investigadas, el uso de diferentes cabeceras por un mismo interno o la reiteración de comunicaciones con personas vinculadas a actividades extorsivas. También debe establecerse si los números de destino estaban sujetos a alguna validación, si los internos podían llamar libremente a cualquier línea y cómo se supervisaba el uso reiterado de las cabeceras.
El funcionamiento del sistema de seguridad tecnológica penitenciaria ha recibido cuestionamientos anteriores. En 2022, la Defensoría del Pueblo advirtió que el Ministerio de Justicia no había contratado oportunamente a una empresa independiente para supervisar la calidad del bloqueo de señales, pese a que esa obligación figuraba en el contrato suscrito en 2014.
La institución señaló específicamente que los hallazgos en el penal de Trujillo evidenciaban problemas en el funcionamiento de los bloqueadores y deficiencias en la supervisión estatal. El cuestionamiento de la Defensoría se refería principalmente al bloqueo de celulares y wifi, no al contenido de las llamadas efectuadas mediante los teléfonos públicos. Sin embargo, constituye un antecedente relevante sobre los problemas de supervisión del contrato de seguridad tecnológica.
En octubre de 2026, el propio INPE reconoció la necesidad de fortalecer sus sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Su presidencia señaló que algunos equipos vinculados con el convenio firmado con Prisontec en 2014 podían presentar limitaciones tecnológicas y zonas sin cobertura.
“La Nueva Jauría de Virú” y “La Nueva Jauría de San José” habrían generado ganancias ilícitas superiores a S/2 millones desde 2022, principalmente mediante extorsiones a transportistas, comerciantes, bodegas y mercados.
Durante el “Operativo Titanic 2026”, la Policía detuvo a 14 presuntos integrantes y allanó 21 inmuebles, además de registrar tres celdas del penal El Milagro. Las autoridades incautaron 36 teléfonos celulares, un CPU, siete libretas, municiones, vehículos, dinero en efectivo y las calcomanías utilizadas para identificar a las víctimas. El hallazgo de celulares clandestinos confirma que las comunicaciones ilegales no se limitaban a los teléfonos públicos. Sin embargo, los registros de Prisontec revelan un problema distinto: los integrantes también habrían utilizado una infraestructura autorizada, identificable y administrada como parte de un contrato de seguridad con el Estado.
Los internos no necesitaban necesariamente ocultar un celular para comunicarse. Podían recurrir a los teléfonos de los pabellones, utilizar códigos registrados y apoyarse en operadores externos para triangular las llamadas.
El INPE debe informar si conocía el uso atribuido a las líneas, qué sanciones disciplinarias aplicó y si restringió temporalmente el acceso de los internos investigados después de recibir información policial.
Prisontec debe explicar cómo opera el registro de usuarios, cuál es el procedimiento para informar llamadas presuntamente delictivas y si reportó las comunicaciones identificadas en el expediente.
El Ministerio de Justicia, como parte contratante, debe precisar qué supervisión realiza sobre el servicio, qué indicadores utiliza para evaluar su eficacia y si se aplicaron penalidades o medidas correctivas.
