El 87 % de detenidos en Perú no llega a las Unidades de Flagrancia: Poder Judicial exige acelerar su traslado

PERÚ. Mientras la delincuencia continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el sistema de justicia enfrenta un problema que podría estar debilitando su capacidad de respuesta: la limitada utilización de las Unidades de Flagrancia, creadas para atender con mayor rapidez los delitos cometidos en circunstancias que permiten identificar inmediatamente a sus presuntos responsables.

Las cifras difundidas por el Poder Judicial revelan que, hasta el 2 de noviembre de 2026, de un total de 167.269 personas detenidas en el país, solamente 21.502 fueron derivadas a las Unidades de Flagrancia, equivalentes al 12,85 %.

En contraste, 145.767 detenidos, es decir, el 87,15 %, fueron canalizados hacia comisarías y fiscalías comunes, según el reporte institucional. Ante esta situación, el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, presidido por la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, acordó que la Policía Nacional del Perú garantice el traslado inmediato de las personas detenidas en flagrancia hacia las unidades especializadas.

La decisión busca fortalecer un mecanismo de justicia diseñado para resolver determinados casos penales en plazos considerablemente menores que los procedimientos ordinarios. Sin embargo, las estadísticas plantean una interrogante fundamental: ¿por qué un modelo creado para acelerar la respuesta contra la delincuencia recibe una proporción tan reducida de los detenidos?

De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple), el sistema policial registró 167.269 detenidos entre enero y el 2 de noviembre de 2026.

La distribución difundida por el Poder Judicial muestra una marcada diferencia entre los casos derivados a las unidades especializadas y los que permanecieron en los circuitos comunes de atención. La diferencia representa uno de los principales desafíos para la implementación del modelo.

La principal ventaja de las Unidades de Flagrancia es la posibilidad de concentrar la actuación de las instituciones que participan en el sistema de justicia penal. En estas dependencias intervienen operadores del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensa Pública. La articulación institucional busca reducir los tiempos de coordinación y permitir una respuesta más rápida frente a determinados delitos.

Según la información presentada durante la reunión, mientras las investigaciones por la vía ordinaria pueden extenderse durante varios meses, los procedimientos inmediatos por flagrancia pueden resolverse en plazos aproximados de seis a doce días.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó que algunas unidades especializadas han conseguido resolver casos en apenas dos días.

Estas cifras muestran el potencial del modelo, aunque deben interpretarse con cautela: los plazos concretos dependen de las características del caso, las actuaciones necesarias y las garantías procesales que deben respetarse. La rapidez no puede reemplazar la necesidad de contar con pruebas suficientes, garantizar el derecho de defensa y emitir decisiones debidamente fundamentadas.

Durante la tercera sesión del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, Janet Tello Gilardi sostuvo que resulta necesario garantizar la continuidad y el fortalecimiento del sistema. La presidenta del Poder Judicial remarcó la importancia de articular la actuación de las instituciones involucradas para que las unidades especializadas puedan cumplir su finalidad.

El acuerdo adoptado establece que la Policía Nacional deberá garantizar el traslado inmediato de las personas detenidas en flagrancia hacia estas dependencias. La medida pretende evitar demoras innecesarias en la atención de casos que pueden ser tramitados mediante el procedimiento inmediato.

Sin embargo, su implementación también dependerá de la disponibilidad de personal, infraestructura, medios de transporte y capacidad operativa de las unidades existentes.

El acuerdo institucional deberá traducirse en procedimientos claros que permitan identificar los casos correspondientes y asegurar su atención sin afectar los derechos de las personas detenidas. Las estadísticas difundidas evidencian una diferencia significativa entre el número total de detenciones y los casos que ingresan a las unidades especializadas.

Sin embargo, el reporte no identifica de manera detallada las causas de esa diferencia.

Entre los aspectos que corresponde examinar se encuentran la cobertura territorial de las unidades, su capacidad de atención, los mecanismos de coordinación entre la Policía y la Fiscalía, y los criterios empleados para derivar los casos.

También será necesario determinar si existen dificultades administrativas, logísticas o presupuestarias que impiden aprovechar plenamente este modelo. Sin información desagregada por distrito judicial, tipo de delito y circunstancias de la detención, no es posible atribuir el problema exclusivamente a la actuación policial.

La decisión del Consejo Nacional representa un intento de mejorar la articulación institucional, pero sus resultados deberán medirse mediante indicadores verificables. La problemática también resulta relevante para La Libertad, donde la criminalidad y la inseguridad ciudadana mantienen una fuerte presencia en la agenda pública. En ciudades como Trujillo, la rapidez con la que el sistema de justicia atiende las detenciones puede influir en la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para responder frente al delito.

Sin embargo, el reporte nacional no presenta cifras específicas sobre el número de detenidos derivados a las Unidades de Flagrancia en La Libertad. Por ello, sería importante que las autoridades judiciales, fiscales y policiales de la región informen cuántos casos ingresaron a este modelo durante 2026, qué delitos fueron procesados y cuáles fueron los tiempos de resolución.

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Causa Justa

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