Minera Poderosa bajo escrutinio del Congreso: denuncias de violencia en Pataz, aportes políticos y sanciones ambientales

TRUJILLO, LA LIBERTAD. La violencia que golpea a la provincia de Pataz vuelve a instalarse en el debate político nacional. Las acusaciones formuladas por Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias «Cuchillo», contra Minera Poderosa y personas relacionadas con sus operaciones auríferas han generado un nuevo anuncio de fiscalización parlamentaria.

La diputada Roxana Rocha manifestó, durante una entrevista difundida por el programa El Matinal de CTV Perú, su intención de impulsar una comisión investigadora para esclarecer los señalamientos contra la compañía minera. «Vamos a abrir una comisión investigadora. Han señalado a la minera y acá hay vidas humanas», expresó la parlamentaria.

El anuncio abre la posibilidad de que el Congreso examine las relaciones entre empresas mineras, contratistas, operaciones de seguridad y denuncias por hechos violentos en Pataz.  El caso adquiere mayor dimensión porque los cuestionamientos contra Poderosa no se limitan a las recientes declaraciones de Rodríguez Díaz. En agosto y septiembre de 2026, el Parlamento ya había debatido una iniciativa relacionada con los vínculos entre el entonces ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y la presidenta del directorio de la compañía, Evangelina Arias Vargas de Sologuren.

También existen antecedentes de sanciones administrativas impuestas a la minera por organismos fiscalizadores. Aunque estos asuntos tienen naturaleza jurídica diferente, plantean preguntas sobre la fiscalización estatal, la transparencia de las relaciones políticas y las responsabilidades que deben esclarecerse frente a la violencia en Pataz.

«CUCHILLO» ACUSA A CONTRATISTAS

Miguel Antonio Rodríguez Díaz es investigado por su presunta participación en el asesinato de 13 trabajadores ocurrido en Pataz durante 2025. En declaraciones difundidas públicamente, acusó a Luis Cueva Rojas y a una persona identificada como Centurión de estar relacionados con homicidios ocurridos en zonas mineras. «Todas esas cosas las han hecho ellos y me las están inculpando a mí, como si yo tuviera algo que ver», afirmó al referirse a hechos registrados, según su versión, en Pataz, Pueblo Nuevo y Santa María.

El investigado también sostuvo que Cueva Rojas sería líder de una organización criminal y afirmó que existirían pagos irregulares a integrantes del Ejército y de la Fiscalía. En otro momento, el entrevistador le preguntó si consideraba que personas vinculadas con las operaciones mineras realizaban el «trabajo sucio» de Poderosa. Rodríguez Díaz respondió afirmativamente. Posteriormente, aseguró que existirían denuncias de pequeños mineros cuyas labores habrían sido arrebatadas mediante actos de violencia.

«Incluso hay denuncias, hay muchas denuncias. Saben de varios mineros que han denunciado que les han quitado su mina y todo eso. Incluso ha habido muertes de por medio», declaró.

Las declaraciones de alias «Cuchillo» también apuntan a personas que, según él, participarían en el desplazamiento violento de pequeños productores. En un pasaje de la entrevista mencionó a «Alex Centurión», a quien vinculó con supuestos sicarios. El nombre requiere especial verificación porque en antecedentes periodísticos sobre la mina Francés aparece Luis Javier Chacón Centurión. Chacón Centurión ha sido relacionado con una controversia por la posesión y explotación de la mina Francés.

Según los antecedentes, Cateos Alex cuestionó su situación de formalización y lo acusó de participar en la ocupación de esa operación minera. Poderosa confirmó anteriormente la existencia de un contrato de explotación con Chacón Centurión y defendió la legalidad de las actividades desarrolladas. El conflicto plantea interrogantes sobre la titularidad de los derechos mineros, la posesión de los socavones y las circunstancias en las que se celebraron determinados contratos.

Las declaraciones de Rodríguez Díaz motivaron el pronunciamiento de la diputada Roxana Rocha, quien anunció que promovería una comisión investigadora. La propuesta tendría como objetivo esclarecer las acusaciones relacionadas con Minera Poderosa y las muertes ocurridas en Pataz.

El anuncio de Rocha tiene un antecedente parlamentario concreto. El 14 de agosto de 2026, el diputado Marino Lavado Valdivia, de Juntos por el Perú, presentó la Moción de Orden del Día N.º 00086-2026-2031-CD para interpelar al entonces ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. La propuesta buscaba que el ministro respondiera 43 preguntas relacionadas con sus presuntos vínculos con empresas mineras y las medidas de seguridad aplicadas en Pataz.

Entre los asuntos planteados figuraban el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia, la protección de instalaciones mineras y las relaciones entre el titular de Defensa y personas vinculadas con Minera Poderosa. La moción también recogía interrogantes sobre aportes económicos de Evangelina Arias a Libertad Popular, organización política con la que Belaúnde había mantenido vínculos electorales.

El 10 de septiembre de 2026, la Cámara de Diputados rechazó admitir la moción a debate. El resultado fue de 31 votos favorables, 62 contrarios y 17 abstenciones.

La relación entre Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, y Rafael Belaúnde fue uno de los ejes de la iniciativa de interpelación.

Según los antecedentes periodísticos, Arias realizó ocho aportes económicos a Libertad Popular, agrupación política vinculada con la candidatura presidencial de Belaúnde en 2026. La controversia surgió porque Belaúnde asumió posteriormente la cartera de Defensa, responsable de la conducción de las políticas militares en zonas declaradas en emergencia. Pataz es una de las provincias donde las Fuerzas Armadas han participado en operaciones de seguridad y donde Poderosa desarrolla actividades mineras. La coincidencia entre aportes políticos y responsabilidades gubernamentales motivó preguntas sobre posibles conflictos de interés.

Belaúnde sostuvo que los aportes fueron efectuados por Arias a título personal y destinados a la organización política, no directamente a su candidatura ni a Minera Poderosa. También rechazó que existiera un conflicto de intereses.

Otro frente de cuestionamientos contra Minera Poderosa corresponde a las sanciones administrativas. En agosto de 2026, una publicación periodística atribuyó a la compañía un acumulado de aproximadamente S/314 millones en multas ambientales, asociado con 570,62 UIT. Entre los antecedentes documentados figura la Resolución N.º 579-2024-OEFA/TFA-SE, emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. La resolución confirmó la responsabilidad administrativa de Compañía Minera Poderosa S.A. por dos conductas infractoras y una multa de 59,078 UIT. El caso estaba relacionado con obligaciones vinculadas con su Plan de Cierre de Minas.

A los antecedentes ambientales se suma una resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores. El 25 de agosto de 2026, mediante la Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N.º 032-2026-SMV/11, el organismo sancionó a Compañía Minera Poderosa con una multa total de 5,992 UIT. La decisión se relacionó con dos infracciones leves vinculadas con obligaciones de información al mercado.

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