Mineros anuncian paro nacional indefinido desde el 23 de noviembre y exigen ampliar el REINFO hasta 2030

PERÚ, 14 DE NOVIEMBRE DE 2026. La tensión entre el sector de la pequeña minería y el Gobierno vuelve a intensificarse. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) anunció el inicio de una movilización nacional de carácter indefinido a partir del lunes 23 de noviembre, en rechazo a la posibilidad de que el proceso de formalización minera concluya el próximo 31 de diciembre sin una solución para miles de trabajadores.

El anuncio, recogido por el diario La República en su edición del 14 de noviembre, responde a la preocupación de los mineros artesanales por el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y las propuestas legislativas que podrían modificar el sistema vigente.

El gremio exige al Congreso y al Poder Ejecutivo ampliar el proceso de formalización hasta el año 2030, realizar un censo nacional transparente y aprobar una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que reconozca las distintas modalidades de explotación existentes en el país.

Según la publicación de La República, el dirigente de CONFEMIN Máximo Franco Béquer confirmó que las protestas comenzarán el 23 de noviembre y que su continuidad será evaluada diariamente. La organización cuestiona la posibilidad de eliminar el REINFO sin establecer previamente mecanismos que permitan continuar con la formalización de los trabajadores que todavía no han concluido el procedimiento.

Su principal preocupación es que el vencimiento del plazo deje a numerosos mineros sin una vía administrativa para regularizar sus actividades. El gremio también cuestiona declaraciones atribuidas al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y a la viceministra Mayra Figueroa sobre el futuro del registro.

La posición de CONFEMIN es que cualquier modificación del sistema debe acompañarse de alternativas que permitan incorporar a los trabajadores a la actividad formal, sin desconocer las diferencias entre las modalidades de pequeña minería.

La plataforma de demandas anunciada por CONFEMIN comprende cuatro puntos centrales.

1. Ampliar el proceso de formalización hasta 2030. El gremio solicita al Congreso extender por cuatro años el plazo de formalización, cuya vigencia actual culminaría el 31 de diciembre de 2026.

2. Realizar un censo nacional minero transparente. La organización pide identificar tanto a los trabajadores inscritos en el REINFO como a quienes desarrollan actividades fuera del registro, para conocer sus condiciones y diseñar políticas de formalización.

3. Aprobar una nueva Ley MAPE. CONFEMIN plantea que la legislación contemple las diferentes modalidades de explotación minera, entre ellas la minería filoniana, de socavón, aluvial, no metálica, polimetálica, ancestral y pallaquera.

4. Modificar las normas sobre concesiones mineras ociosas. La propuesta busca revisar el régimen de concesiones que permanecen sin explotación y establecer mecanismos para facilitar el acceso a espacios de actividad productiva, dentro del marco legal correspondiente.

Estas demandas forman parte de la plataforma del gremio y no constituyen medidas aprobadas por el Congreso ni por el Ejecutivo. La problemática tiene especial relevancia en La Libertad, donde la minería representa una fuente de ingresos para numerosas familias de las provincias andinas.

Durante una visita realizada el 7 de noviembre a Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, pobladores vinculados con la actividad minera expresaron su preocupación por las dificultades para acceder al REINFO.

Según el testimonio difundido sobre aquella jornada, los trabajadores solicitaron oportunidades para desarrollar sus actividades como pequeños mineros y mineros artesanales dentro de la formalidad.

El pedido evidencia una de las principales controversias del actual sistema: mientras determinados trabajadores buscan culminar su proceso de formalización, otros reclaman mecanismos para ingresar a un registro cuyo acceso está sujeto a restricciones legales. Por ello, una eventual ampliación del plazo de permanencia en el REINFO no necesariamente significaría la apertura automática de nuevas inscripciones.

El debate también adquiere importancia en Pataz, provincia donde existen conflictos relacionados con la actividad minera, la seguridad y las disputas por el acceso a recursos minerales. En los últimos días, una publicación de Diario UNO advirtió que 189 mineros artesanales podrían enfrentar procedimientos de exclusión del REINFO en medio de una controversia relacionada con Compañía Minera Poderosa y el Ministerio de Energía y Minas. La discusión nacional sobre el REINFO tendrá consecuencias especialmente importantes para regiones como La Libertad, donde la pequeña minería y la minería artesanal forman parte de la economía de distintas comunidades.

La principal controversia no se limita a la fecha de vencimiento del registro. La formalización minera implica obligaciones técnicas, ambientales, administrativas y legales que deben cumplirse para desarrollar actividades autorizadas.

La ampliación del plazo podría ofrecer más tiempo a quienes todavía están en proceso, pero por sí sola no garantiza que se resuelvan los obstáculos que dificultan la formalización.

Entre los aspectos que requieren atención se encuentran el acceso a derechos mineros, la relación entre titulares de concesiones y pequeños productores, los instrumentos ambientales y la capacidad del Estado para evaluar los expedientes.

También resulta indispensable diferenciar a quienes buscan desarrollar actividades dentro del marco legal de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal y otros delitos.

La formalización no debe convertirse en un mecanismo de impunidad, pero tampoco puede reducirse a procedimientos que resulten imposibles de completar para trabajadores que cumplen las condiciones legales.

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Causa Justa

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