El desplome del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo, que dejó víctimas mortales y heridos de gravedad, ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad legal y la necesidad de una acción organizada para garantizar justicia a los afectados.
En este contexto, el abogado José Gálvez instó al Colegio de Abogados de La Libertad a promover la creación de una «Asociación de Víctimas», con el objetivo de proporcionar defensa colectiva ad honorem y evitar que los afectados enfrenten solos la batalla legal contra una corporación con amplios recursos.
Gálvez advirtió que los abogados de la empresa ya están preparando su estrategia de defensa con el fin de minimizar su responsabilidad en la tragedia. “En este momento, la empresa está estructurando su argumentación legal para deslindar culpas y evitar sanciones. Es fundamental que las víctimas y sus familias cuenten con un respaldo sólido y no sean manipuladas por asesorías improvisadas”, señaló el jurista.
Asimismo, criticó la proliferación de avisos de «asesoría gratuita» promovidos de manera individual por algunos abogados, señalando que lo que se necesita en este momento es una respuesta organizada y estructurada que garantice un proceso legal justo para todos los afectados.
La propuesta de Gálvez sugiere que esta asociación no solo brinde asesoría legal a las víctimas, sino que también articule esfuerzos con organismos de derechos humanos y entidades estatales para exigir sanciones y reparaciones justas.
«La magnitud de esta tragedia demanda un frente unido, con el respaldo de expertos en derecho civil, penal y administrativo, que evite acuerdos desfavorables o procesos dilatados que terminen beneficiando únicamente a la empresa», agregó.
A medida que las investigaciones avanzan, la presión social crece, exigiendo respuestas rápidas y transparentes. Hasta el momento, ni la administración del centro comercial ni las autoridades locales han dado una explicación clara sobre las fallas estructurales que pudieron haber causado el colapso, lo que refuerza la necesidad de una defensa bien estructurada para los afectados.
Mientras tanto, la sociedad civil y diversos colectivos están organizando plantones y movilizaciones para exigir justicia, mientras la pregunta clave sigue en el aire: ¿Se hará justicia o el caso quedará impune?
