La Corte Superior de Justicia de La Libertad se encuentra en medio de una controversia que involucra restricciones de acceso y alegaciones de discriminación hacia la comunidad jurídica, de acuerdo a una denuncia presentada por un grupo de abogados que integran la asociación Letrados Trujillo La Libertad.
Esta situación, que ha sido objeto de críticas y protestas por parte de abogados litigantes, plantea serias preocupaciones sobre el tratamiento igualitario y el respeto hacia quienes interactúan con el sistema judicial.
La historia comienza en el contexto de la pandemia en 2019, cuando, por motivos de salubridad, la entrada principal para el público en general se restringió a través de la puerta del jr. Pizarro, en el centro de Trujillo. Si bien esta medida tuvo sentido en su momento para garantizar la seguridad sanitaria, lo que ha seguido ha dejado perpleja a la comunidad legal.
A medida que la normalidad regresaba, también lo hizo la posibilidad de acceso a través de diferentes entradas. Sin embargo, según se ha denunciado, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha tomado la polémica decisión de designar la entrada del jr. Bolívar únicamente para el ingreso de magistrados, excluyendo así al resto de la comunidad jurídica.
Esta medida ha provocado malestar y consternación, ya que, en esencia, implica que los abogados litigantes, muchos de los cuales previamente han sido magistrados, no tienen permiso para utilizar la entrada del jr. Bolívar. Lo irónico de esta situación es que, precisamente en esta misma entrada, se encuentran las mesas de partes, el lugar donde los abogados presentan sus escritos y documentos legales.
Esta restricción ha llevado a una situación absurda y poco práctica para los abogados litigantes. A diario, enfrentan el obstáculo de no poder ingresar por la entrada más accesible para luego dirigirse a las mesas de partes, lo que implica un recorrido adicional a través de calles circundantes, como el jr. Orbegoso y el jr. Pizarro, antes de poder acceder a las oficinas pertinentes.
Las críticas no se han hecho esperar. Abogados y otros miembros de la comunidad jurídica han expresado su descontento por lo que consideran una medida injusta y discriminatoria.
