La Ley N.º 32330, que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario y permite incluso condenarlos a cadena perpetua por delitos graves, fue promulgada el domingo 11 de mayo y ya ha generado un fuerte rechazo institucional.
El Poder Judicial emitió este sábado un pronunciamiento en el que califica la norma como “incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”. La institución advierte que esta ley vulnera el principio de protección especial que debe brindarse a los adolescentes, reconocido tanto en la Carta Magna como en la Convención sobre los Derechos del Niño.
“La reforma introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes”, señala el comunicado, y añade que los jueces están facultados para ejercer control difuso e inaplicar la norma cuando consideren que contradice la Constitución o los tratados internacionales.
La norma fue impulsada por el congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú), quien defendió su aprobación indicando que busca combatir con mayor severidad delitos como sicariato, extorsión, narcotráfico, feminicidio, secuestro y violación sexual cometidos por menores de edad. El parlamentario argumentó que al menos el 20 % de bandas delictivas desarticuladas por la Policía involucran a adolescentes.
La ley establece que los adolescentes de 16 y 17 años podrán ser procesados penalmente como adultos, y, dependiendo de la gravedad del delito y los agravantes, podrían recibir penas como cadena perpetua. También señala que, en casos de adolescentes de entre 16 y menos de 21 años, las penas podrán reducirse y los internos serán separados de los adultos en los centros penitenciarios.
No obstante, la Defensoría del Pueblo anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por considerar que la norma representa “un grave retroceso en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia”. La institución señala que la ley vulnera el principio del interés superior del niño, ignora la evidencia científica sobre el desarrollo del cerebro adolescente, y contradice compromisos asumidos por el Estado peruano.
La Defensoría recordó que organismos como UNICEF, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y el Colegio de Abogados de Lima también expresaron su oposición a esta ley, calificándola de populista, inviable y carente de sustento técnico.
