Este consorcio empresarial contrato en 30 de enero de este año a una empresa de seguridad que no tiene la experiencia en el mercado, Inversiones y Servicios JJ Security por más de 800 mil soles pero recién en mayo pudo iniciar su servicio por la falta de agentes y capacidad financiera para cumplir con el servicio de contar con 30 agentes portando armas y solo tiene 6, además que la mencionada empresa no presentó carta fianza en el proceso de licitación y todo ello fue irregularmente aceptado por el consorcio en las áreas de Seguridad Patrimonial que jefatura Cristian Martínez Padilla y sobre todo en Recursos Humanos cuyo jefe, Milton Iparraguirre Baca evitó controlar a la empresa de seguridad en el caso de los dos sujetos detenidos poniendo el riesgo a los trabajadores y con la posibilidad que puedan ingresar como vigilantes personas con antecedentes penales.
JJ Security habría cometido una falta grave que si hubiera una verdadera intención de tener un buen servicio de seguridad en la obra el consorcio cartas en el asunto. En varias oportunidades se intentó buscar una respuesta de los representantes de Belsaco Stracon quienes prefieren guardar silencio al respecto y aclarar todas las dudas que existen en base al contrato de la mencionada empresa.
Según la orden de servicio la empresa debería prestar 24 agentes armados en casetas las 24 horas por seis meses, 4 agentes armados con camioneta, también por 6 meses, colocar seis casetas de vigilancia y tres baños portátiles, una camioneta implementada según estándar de CBS para patrullaje a todo costo, todo por más de 800 mil soles. Sería el primer contrato elevado de la mencionada empresa ya que en el portal de la SUNAT no supera las 20 trabajadores en el año y en el presente año solo figura 17 trabajadores en enero, 17 en febrero, 12 en marzo y 11 en abril.
Como se sabe la obra de Soluciones Integrales de las Quebradas San Idelfonso y San Carlos fue entregada al Consorcio Belsaco Stracon en la modalidad de Gobierno a Gobierno con Reino Unido en el 2021 con inversiones superiores a $120 millones de dólares, bajo la supervisión de la Autoridad Nacional de Infraestructura Nacional (ANIN) y al parecer no está realizando un trabajo real ante el uso de recursos públicos en procesos de licitaciones de servicios para el Consorcio que dejan muchas dudas.
