Una grave denuncia sacude al gremio legal más importante de la región. Martín Ordinola Vieyra, candidato a decano del Colegio de Abogados de La Libertad (CALL), advirtió públicamente que la actual Junta Directiva del colegio no se encuentra inscrita en Registros Públicos, lo que —según sus declaraciones— invalida legal y estatutariamente cualquier decisión o movimiento económico que la institución esté realizando bajo su gestión.
“He tenido acceso a la partida registral del colegio y esta situación no ha sido regularizada. Es una negligencia preocupante que debe ser explicada”, sostuvo. El aspirante al cargo más alto del gremio jurídico regional no dudó en calificar la situación como una vulneración flagrante del estatuto institucional y un atentado contra los principios de legalidad y transparencia que deben regir a una orden profesional.
Lo más alarmante, según Ordinola, es que la actual administración estaría realizando operaciones bancarias usando las firmas de la gestión anterior, lo cual —de confirmarse— constituiría una grave irregularidad administrativa. “Nos hemos enterado de que los asuntos económicos se siguen gestionando con la firma del anterior consejo directivo. ¿Cómo se están haciendo esas operaciones si la actual directiva no tiene sustento legal?”, cuestionó.
La denuncia no se queda solo en el plano ético. Ordinola alerta que esta falta de formalización en la inscripción de las autoridades podría generar serias complicaciones legales para la próxima directiva, sin importar quién gane las elecciones. “Estamos hablando de compromisos contractuales, uso de fondos, firmas de convenios y otros actos jurídicos que pueden ser impugnados. La siguiente gestión heredará una bomba de tiempo si esto no se corrige de inmediato”, advirtió.
Como parte de su propuesta de solución, el abogado anunció que, de ser electo, contará con el respaldo del especialista en Derecho Registral Isaac Muñoz Alva, quien liderará un proceso de regularización interna para sanear la situación legal del Consejo Directivo y ordenar todos los documentos oficiales que deben sustentar el funcionamiento del CALL ante las autoridades y sus propios agremiados.
Finalmente, Ordinola exigió a la actual dirigencia que dé una explicación pública sobre la situación. “La comunidad legal merece saber por qué esta junta no ha sido inscrita. No podemos pedir respeto a la ley si, al interior de nuestro propio colegio profesional, estamos vulnerándola”, sentenció.
La denuncia de Martín Ordinola abre un nuevo capítulo en la lucha por la institucionalidad y la transparencia dentro del gremio de abogados en La Libertad, en un contexto donde la legalidad debe ser no solo una bandera discursiva, sino una práctica coherente.
