La Quebrada Santo Domingo, una zona arqueológica intangible de alto valor cultural ubicada en el distrito de Laredo, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez no por un hallazgo, sino por las denuncias públicas del fotógrafo y activista cultural José Carlos Orrillo, quien acusa a la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC LL), a cargo del apepista David Calderón de los Ríos, de omisión de funciones frente a una invasión agrícola de gran escala que estaría destruyendo sistemáticamente este sitio patrimonial.
Mientras la DDC LL convoca reuniones a puerta cerrada para supuestamente “coordinar acciones por la defensa del sitio arqueológico”, Orrillo afirma que en el terreno no se ha hecho nada concreto para frenar el avance de la maquinaria, pozos de agua y cultivos que ya han afectado partes sensibles del terreno, incluyendo geoglifos prehispánicos.
A través de una contundente denuncia, el activista expone lo que considera una doble narrativa por parte de la entidad cultural, que en lo formal dice proteger el patrimonio, pero en los hechos lo estaría dejando en abandono.
“Nosotros seguimos esperando acciones concretas contra los invasores agrícolas que vienen destruyendo desde hace meses, con total impunidad y pleno conocimiento del Ministerio de Cultura”, denunció Orrillo, recordando que desde el 17 de enero presentó dos expedientes con pruebas fotográficas, ubicación georreferenciada e incluso nombres y DNIs de los presuntos responsables.
Sin embargo, su esfuerzo fue respondido, según afirma, con un documento «infame», donde se evade toda responsabilidad institucional citando antiguas denuncias del 2022 y 2023 que ya habrían sido archivadas. Lo grave, según el denunciante, es que la DDC LL estaría evitando pronunciarse sobre el problema actual, que incluye la presencia de pozos para acumulación de agua, trochas ilegales y actividad vehicular sobre zonas con valor arqueológico.
Entre los personajes señalados se encuentra Mario Esteban López Carranza, presunto traficante de terrenos, sindicado por vecinos de Conache como el autor intelectual de las lotizaciones dentro del área intangible. “Este sujeto alardea de tener el apoyo de funcionarios de la DDC”, sostiene Orrillo. Y agrega con indignación: “¿Cuándo se tomarán acciones legales contra estas personas? ¿Cuándo se desalojarán las invasiones agrícolas que vienen destruyendo la Quebrada Santo Domingo?”.
El conflicto no solo revela la fragilidad del sistema de protección patrimonial en el Perú, sino que pone en entredicho la capacidad de las autoridades locales para actuar frente al tráfico de tierras y a la expansión descontrolada sobre espacios históricos. Las imágenes captadas por drones y la evidencia testimonial apuntan a una realidad innegable: el patrimonio cultural de la humanidad está siendo vulnerado ante los ojos de todos.
La situación ya ha escalado a un punto crítico y, según los denunciantes, exige más que reuniones simbólicas. Exigen medidas efectivas, desalojo inmediato de los invasores, y sobre todo, procesos sancionadores reales contra quienes promueven o permiten la destrucción de estos espacios sagrados.
“Nosotros seguiremos en la lucha por la defensa de nuestros espacios sagrados y siempre les recordaremos que cumplan con su función de proteger el patrimonio cultural”, concluyó Orrillo.
