Una serie de cartas atribuidas a internos del penal El Milagro, en Trujillo, ha puesto bajo sospecha el control que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario sobre el pabellón 4, escenario de una reciente reyerta que dejó tres reclusos fallecidos y ocho heridos.
Los escritos, dirigidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, describen un presunto sistema de cobros obligatorios, amenazas, agresiones físicas, venta de sustancias prohibidas y control irregular de los teléfonos utilizados por la población penitenciaria.
De acuerdo con las misivas, más de 600 internos que participan en talleres productivos o estudian para redimir sus condenas serían obligados a pagar S/10 semanales. En situaciones de tensión dentro del pabellón, se les exigirían otros S/15 bajo el argumento de evitar requisas o posibles represalias.
Los denunciantes sostienen que quienes se niegan a entregar el dinero pueden ser agredidos, despojados de sus pertenencias o privados del descanso hasta que sus familiares depositen sumas que, según la carta, llegarían a S/1.000 o S/2.000.
Uno de los fragmentos difundidos denuncia que determinados internos ordenan a sus subordinados “cuadrar” a otros reclusos, quitarles billeteras y objetos de valor. También sostiene que los afectados pueden ser obligados a permanecer despiertos hasta que paguen para recuperar su tranquilidad.
Las cartas presentan los cobros como un sistema regular y no como episodios aislados. Según los denunciantes, cada interno debe entregar S/10 por semana para permanecer en el pabellón y otros S/15 cuando ocurren problemas internos.
Si la cifra de más de 600 afectados fuera confirmada, solamente la cuota semanal de S/10 podría generar una recaudación de al menos S/6.000 cada semana y aproximadamente S/24.000 al mes.
Los autores del escrito afirman que el sistema perjudica especialmente a quienes participan en talleres o programas educativos con la expectativa de redimir parte de sus condenas. Según su versión, el esfuerzo de resocialización queda sometido a un régimen paralelo de cobros y amenazas.
Uno de los pasajes más graves de la carta sostiene que los presuntos controladores del pabellón envían a otros internos a intimidar y despojar de dinero u objetos de valor a quienes se resisten. El manuscrito describe castigos que consistirían en impedir que los afectados duerman hasta conseguir que sus familiares paguen sumas de S/1.000 o S/2.000. Estas acusaciones podrían involucrar posibles delitos de extorsión, coacción, robo y lesiones.
Las cartas solicitan que los operativos se efectúen sin aviso previo. Los denunciantes afirman que las intervenciones anunciadas anticipadamente permitirían ocultar sustancias, armas y otros objetos prohibidos.
El documento difundido sostiene también que un grupo de internos tendría el control de los teléfonos existentes en el pabellón 4 y que cobraría por permitir su utilización. Según el manuscrito, quienes no pertenecen al entorno de los presuntos controladores deben comprar tiempo para comunicarse. Quince minutos costarían S/4 o más, a lo que se sumaría el cobro por recargar saldo.
La carta afirma que este sistema funcionaría durante varias horas al día y generaría ingresos permanentes. No queda claro si se refiere a los teléfonos públicos autorizados y administrados por Prisontec, a celulares ingresados ilegalmente o a ambos mecanismos.
La denuncia adquiere mayor relevancia después de que una investigación fiscal sobre “La Nueva Jauría de Virú” revelara que internos del penal El Milagro utilizaban números de cabecera de la telefonía pública penitenciaria para mantener contacto con operadores en libertad.
Aunque se trata de investigaciones diferentes, ambas situaciones muestran que el control de las comunicaciones dentro del establecimiento constituye uno de los principales puntos vulnerables del sistema penitenciario trujillano.
Los internos también denuncian que determinadas personas controlarían la venta de sustancias ilícitas dentro del pabellón 4 y el abastecimiento hacia otros sectores de la prisión.
Según las cartas, el grupo señalado tendría capacidad para coordinar el ingreso de artículos prohibidos y mantener privilegios frente al resto de la población penitenciaria.
Estas acusaciones requieren determinar cómo ingresan las sustancias, quiénes intervienen en su comercialización y si existe participación de visitantes, proveedores o personal del establecimiento.
El ingreso sostenido de drogas, armas blancas, celulares y otros objetos no podría explicarse únicamente por las acciones de los internos. También exige revisar los controles de acceso, las inspecciones al personal, los registros de visitas y la seguridad en las zonas perimetrales.
En septiembre de 2025, el INPE desplegó aproximadamente a 100 agentes del Grupo de Operaciones Especiales y a personal procedente de varias oficinas regionales para intervenir El Milagro e incautar equipos de comunicación presuntamente utilizados en extorsiones y secuestros. Las misivas atribuyen el presunto control del pabellón a internos identificados como Alex Zapata Miranda, Arturo Zapata Miranda, Frank Aniceto Hipólito y Joe Montero Saldaña.
Uno de los nombres consignados guarda similitud con el de Alexander Zapata Miranda, alias “Panchata”, identificado preliminarmente como delegado del pabellón 4 y una de las personas fallecidas tras la reciente reyerta.
Los escritos no limitan sus acusaciones a la población penitenciaria. También mencionan una supuesta red de protección que habría involucrado a personal técnico, alcaides y funcionarios de la anterior administración del penal.
Los denunciantes sostienen que las actividades descritas habrían sido toleradas a cambio de pagos mensuales. El exdirector Wilson de la Torre Valderrama aparece mencionado en las publicaciones que dieron a conocer las cartas.
Las denuncias actuales no aparecen en un escenario sin antecedentes. En noviembre de 2024, una investigación difundida por RPP informó que acciones de inteligencia del propio INPE habían identificado una presunta red de cobros ilegales entre personal de seguridad y administrativo de El Milagro.
Videos reservados mostraban a agentes ingresando a las celdas y recibiendo aparentemente monedas y billetes. Según aquella investigación, algunos trabajadores anotaban los nombres de los internos y reclamaban cuando consideraban insuficiente el monto entregado.
Los pagos habrían servido para facilitar el ingreso de objetos prohibidos, entre ellos drogas y armas blancas, y para conceder determinados beneficios dentro de la prisión. También se reportaron presuntos cobros a familiares durante las colas de ingreso.
La denuncia adquirió mayor gravedad después de la violencia registrada el 1 de noviembre en el pabellón 4. La gresca dejó tres internos muertos y ocho heridos. Según información preliminar, se utilizaron objetos punzantes y varios afectados tuvieron que ser trasladados al Hospital Regional Docente de Trujillo.
El penal El Milagro alberga a más de 6.000 internos pese a haber sido construido para aproximadamente 1.500, de acuerdo con información difundida tras el enfrentamiento.
El hacinamiento multiplica la presión sobre los servicios, reduce la capacidad de vigilancia y favorece la aparición de mecanismos informales de autoridad. Sin embargo, no explica por sí solo la existencia de cobros, drogas o redes de protección.
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, reconoció que no se puede descartar la existencia de corrupción dentro del sistema penitenciario. Consultado por las acusaciones contra trabajadores del INPE y funcionarios del penal, señaló que la investigación puede tardar varios meses. También relacionó los recientes enfrentamientos con la reducción del espacio de poder de las bandas que operan dentro de las cárceles. El Ejecutivo dispuso el traslado de diez reclusos a Challapalca después de la reyerta y anunció una reclasificación de la población penitenciaria.
La presidenta Keiko Fujimori afirmó que todas las denuncias serán investigadas y que se efectuarán cambios en las direcciones de diferentes establecimientos. También anunció mayores restricciones, revisiones al personal penitenciario y una reorganización nacional de internos según sus niveles de peligrosidad.
