La violencia vinculada con el control de bocaminas cobró la vida de un integrante de la Policía Nacional en la provincia de Pataz. El suboficial de tercera PNP José Antonio Castillo Rodríguez fue asesinado durante un ataque armado registrado la madrugada del martes 3 de noviembre en el sector La Porfiria.
El agente, perteneciente a la promoción 2024-I y destacado en la comisaría del centro poblado Chagual, realizaba un patrullaje preventivo con efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales cuando desconocidos dispararon desde la parte alta de un cerro.
Castillo Rodríguez recibió un impacto de proyectil en la cabeza. Sus compañeros lo auxiliaron y trasladaron hasta el puesto de salud de la empresa minera Poderosa, pero el médico de turno solamente pudo certificar su fallecimiento.
Las primeras versiones señalan que el ataque habría estado dirigido contra trabajadores que se encontraban en una zona de explotación minera y que los policías quedaron expuestos durante la incursión. Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer quiénes fueron los objetivos originales, cuántas personas participaron y qué organización habría ordenado la acción.
Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio del Interior, la Región Policial La Libertad y el Comando Unificado Pataz no habían difundido un informe detallado sobre las circunstancias del crimen ni sobre posibles detenidos.
Los efectivos policiales realizaban labores de campo cuando comenzaron los disparos. La posición elevada de los atacantes habría colocado en desventaja a los agentes y trabajadores ubicados en las inmediaciones de la operación minera.
Una fuente afirmó que los proyectiles llegaron de manera repentina y que las personas presentes corrieron en busca de protección. Castillo Rodríguez no logró ponerse a cubierto y fue alcanzado en la cabeza.
La intervención del Ministerio Público será determinante para establecer si el hecho corresponde a una emboscada planificada contra la Policía, un ataque dirigido contra trabajadores o un enfrentamiento relacionado con la posesión de la bocamina.
Las versiones preliminares difundidas en la zona sostienen que un grupo armado pretendía desplazar a los trabajadores y tomar el control de una operación minera. Moradores atribuyeron el ataque a personas presuntamente vinculadas con un sujeto conocido como “JP”.
El asesinato del policía ocurrió pocos días después de que otro hombre fuera encontrado muerto con heridas de bala en la misma zona. El 28 de octubre, agentes de la comisaría de Chagual acudieron a una bocamina artesanal del sector La Porfiria, frente a la denominada mina Camilo, después de recibir una llamada telefónica. En el lugar encontraron el cadáver de una persona que presentaba varios impactos de bala.
La víctima permanecía inicialmente sin identificar y el fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, Lamer Altamirano Llovera, dispuso el levantamiento del cuerpo y la necropsia.
No se ha establecido oficialmente que ambos homicidios tengan los mismos autores o respondan a una sola disputa. Sin embargo, la proximidad geográfica y temporal obliga a los investigadores a examinar una posible conexión.
El sector La Porfiria aparece desde hace meses en reportes oficiales relacionados con grupos armados, minería ilegal, explosivos y disputas por instalaciones mineras. El 7 de enero de 2026, aproximadamente 25 personas armadas ingresaron violentamente en la zona e intentaron tomar posesión de la bocamina Porfiria, cuya concesión fue atribuida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a la empresa Bella Vida Gold Corporation E.I.R.L.
Después de aquella incursión, el Comando Unificado Pataz desplegó la operación “Dante II” con participación de personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Fuerza Especial Conjunta.
El 28 de enero, otra intervención denominada “Triunfo” permitió capturar a dos presuntos integrantes de la organización “Los Zetas” en la bocamina Porfiria. Las autoridades incautaron cinco fusiles, explosivos y municiones.
Estos antecedentes demuestran que el sector ya había sido identificado como un punto de riesgo. También revelan la presencia de personas con armas de largo alcance y capacidad para realizar incursiones destinadas a controlar operaciones mineras.
La violencia continuó durante el segundo semestre del año. En septiembre, el Comando Unificado Pataz ejecutó la operación “Camilo” en una bocamina de la misma zona. La intervención permitió incautar más de mil explosivos, seis fusiles, 510 municiones de calibres .22, 5.56 y 9 milímetros, dos pistolas, 15 cargadores, ocho fardos de cordón detonante y equipos tácticos.
Participaron agentes de la Divopus, Divitiame y Dirincri, además de representantes de Indecopi y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.
