La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra, por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio del Estado, en la compra de 1,4 millones de pruebas rápidas de COVID-19 durante los primeros días del estado de emergencia.
La acusación también alcanza a sus exministros María Antonieta Alva (Economía) y Víctor Zamora (Salud). Según el Ministerio Público, hubo una supuesta concertación con empresas proveedoras, iniciada en una reunión del 18 de marzo de 2020 en el Ministerio de Economía, que derivó en la adjudicación directa de los test rápidos.
La denuncia fue formulada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales y será evaluada por el Congreso para determinar si pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Por otro lado, la Fiscalía informó que no encontró mérito para denunciar a Vizcarra y otros exfuncionarios —como Pilar Mazzetti y Gustavo Meza-Cuadra— por omisión de funciones en la demora de adquisición de vacunas contra la COVID-19.
