La detención del consejero regional de La Libertad, Abner Ávalos Villacorta, acusado de solicitar una coima a un empresario minero a cambio de favores en una inspección, ha generado una ola de reacciones en el ámbito político.
El gobernador regional y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, no tardó en pronunciarse sobre el escándalo, calificando el hecho como un acto de corrupción que refleja la falta de integridad en la política regional.
«Eso demuestra que quieren llegar al gobierno regional para robar a los liberteños», declaró Acuña con firmeza, al referirse a la conducta del consejero Ávalos, quien fue intervenido en un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía Nacional del Perú. Según la investigación preliminar, el funcionario habría solicitado S/5,000 a un empresario para facilitarle una fiscalización favorable a su compañía minera. Durante la detención, las autoridades encontraron el dinero fotocopiado como parte del operativo encubierto, así como un celular que podría contener evidencia clave en el caso.
Acuña Peralta recordó que Ávalos Villacorta llegó al Consejo Regional de La Libertad bajo las filas del Movimiento Regional Trabajo más Trabajo, deslindando así cualquier vínculo con su agrupación política. «Nosotros en Alianza Para el Progreso no toleramos la corrupción. Las autoridades deben llegar al poder para servir, no para enriquecerse ilícitamente. Los trujillanos deben tener mucho cuidado a la hora de elegir personas, hay personas que están desesperados por ser alcaldes y ser gobernadores para robar. No están pensando en hacer obras, como nunca tuvieron nada y nunca trabajaron, ahora quieren ser alcaldes, gobernadores, presidentes. Voy a hacer un penal para los que roben a los liberteños», enfatizó el gobernador, marcando distancia con el acusado y reafirmando su compromiso con la transparencia en la gestión pública.
Este escándalo ha reavivado el debate sobre la corrupción dentro del Gobierno Regional de La Libertad, una región que en los últimos años ha sido golpeada por múltiples denuncias de irregularidades en la administración pública. La ciudadanía ha expresado su indignación a través de redes sociales, exigiendo sanciones ejemplares para los funcionarios que utilicen su cargo para obtener beneficios personales.
El caso de Ávalos Villacorta podría desencadenar una crisis política dentro del Consejo Regional, ya que otros miembros podrían estar bajo la lupa de las autoridades. De ser hallado culpable, el consejero enfrentaría una condena severa, que incluiría prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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