La crisis de seguridad ciudadana en la región La Libertad tiene un rostro concreto y alarmante: comisarías sin vehículos, sin logística básica y con un déficit crítico de personal. Así lo confirma el Informe de Visita de Control N.° 17710-2025 de la Contraloría General de la República, que pone en evidencia la precaria situación en las delegaciones policiales de Pacasmayo y San Pedro de Lloc.
El informe contradice el discurso de las autoridades políticas regionales, que aseguran liderar la inversión nacional en seguridad ciudadana y apoyo a la Policía Nacional del Perú. En la práctica, la realidad en estas comisarías es otra: los agentes del orden deben recurrir a sus propios recursos para poder cumplir mínimamente con su labor.
Policías trabajando con sus propias computadoras
En la comisaría de Pacasmayo, la comisión de la Contraloría verificó que seis de las nueve computadoras disponibles pertenecen a los propios efectivos policiales. Estos equipos personales son utilizados en áreas clave como mesa de partes, logística, violencia familiar, tránsito y policía comunitaria. La situación no solo evidencia abandono institucional, sino que además pone en riesgo la seguridad de la información policial y la continuidad operativa de las investigaciones.
El panorama es aún más crítico en la comisaría de San Pedro de Lloc. Allí, tres de las cuatro computadoras existentes son de propiedad del personal policial y se usan en secretaría, logística, delitos y violencia familiar. Las computadoras institucionales se encuentran inoperativas.
Ante esta situación, el comisario de San Pedro de Lloc remitió el Oficio N.° 005-2025 a la comisaría sectorial de Pacasmayo solicitando la reposición urgente de computadoras e impresoras. Sin embargo, hasta la fecha del informe, no existe respuesta positiva ni solución concreta.
Déficit extremo de personal y patrullaje inexistente
El informe de la Contraloría también revela un problema estructural: la falta de policías. La comisaría de San Pedro de Lloc, clasificada como categoría “B”, debería contar con 60 efectivos, pero solo tiene 21 agentes en servicio.
Este déficit hace imposible realizar patrullaje a pie y limita severamente la capacidad de respuesta ante emergencias. La situación llega a niveles críticos si se considera que la comisaría solo cuenta con una motocicleta operativa, la cual no sale a patrullar por falta de conductor.
En otras palabras, amplios sectores de San Pedro de Lloc permanecen sin presencia policial efectiva, en un contexto regional marcado por el incremento de delitos como extorsión, robo y violencia familiar.
Los hallazgos de la Contraloría vuelven a evidenciar una profunda brecha entre los anuncios oficiales sobre inversión en seguridad y las condiciones reales en las que opera la Policía Nacional en provincias. Sin logística, sin personal suficiente y sin movilidad, la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común se vuelve una tarea casi imposible.
Mientras La Libertad enfrenta una de las peores crisis de inseguridad de los últimos años, las comisarías —primer eslabón del sistema de protección ciudadana— sobreviven gracias al sacrificio personal de sus propios agentes. Una situación insostenible que exige respuestas urgentes del Ministerio del Interior, el Gobierno Regional y el Ejecutivo.
