Una camioneta accidentada, un congresista con lesiones y una constructora con contratos millonarios con el Estado. Estos son los elementos de una historia que, más allá del siniestro en carretera, pone en tela de juicio la ética de la representación política y la delgada línea que separa la gestión pública del interés privado.
Carlos Enrique Alva Rojas, conocido como “Kike” Alva, congresista liberteño por Acción Popular, sufrió un accidente el pasado 25 de marzo en la vía Trujillo–Otuzco. Lo que parecía un incidente menor se ha convertido en el eje de una controversia que hoy lo coloca en el ojo de la tormenta política y legal.
El vehículo siniestrado —una camioneta valorizada en más de 42 mil dólares— no le pertenece a él, sino a la empresa «Constructora Luche S.A.C.», una firma privada con amplios vínculos con el Estado.
Lo que llama poderosamente la atención no es solo la propiedad del vehículo, sino el contexto: «Constructora Luche» ha sido favorecida en los últimos años con contratos que superan los siete millones de soles, todos en la región de La Libertad. La misma región donde Alva ejerce funciones parlamentarias y ha intercedido, en más de una ocasión, para viabilizar proyectos y obras públicas.
Amistades, proyectos y silencios
La cercanía entre el congresista y la empresa no es solo vehicular. El alcalde provincial de Santiago de Chuco, Víctor Luján Chero, fue gerente general de Constructora Luche antes de asumir la alcaldía. Fotografías y registros muestran a Alva y Luján recorriendo juntos diversas instituciones del Estado para gestionar presupuestos, un hecho que no sería irregular si no existiera entre ambos un vínculo funcional con una empresa que luego se beneficia con contrataciones estatales.
Consultado por la prensa, Alva aseguró que no tiene ninguna relación con la camioneta más allá del uso temporal. “Quisiera tener una camioneta”, declaró en tono irónico, mientras evadía responder sobre la razón por la cual se movilizaba en un vehículo registrado a nombre de una contratista del Estado. La explicación, más allá del sarcasmo, nunca llegó.
Más inquietante aún es el manejo del accidente. Según el parte policial, el siniestro ocurrió cerca de la medianoche por despiste del vehículo. Sin embargo, el congresista aseguró públicamente que ocurrió a las seis de la tarde, debido a la neblina y mal estado de la vía. No existe un documento oficial detallado sobre el accidente. Solo aparecen sus iniciales y ninguna información en registros públicos que permita esclarecer lo sucedido.
Pero la controversia no acaba en el plano vehicular. El congresista enfrenta también una denuncia policial por violencia familiar. Según el parte policial, el 26 de febrero, Alva habría agredido a su esposa tras una discusión en un establecimiento privado en Trujillo. La denuncia, que sigue su curso, se suma al expediente ético que comienza a acumular el parlamentario.
La Fiscalía ha anunciado que evaluará iniciar una investigación preliminar para esclarecer si existe un conflicto de interés o tráfico de influencias en el uso del vehículo de una empresa contratista del Estado. La pregunta de fondo que aún no tiene respuesta es: ¿por qué un congresista utiliza un bien privado con intereses directos en su zona de influencia parlamentaria?
Expertos en ética pública y derecho administrativo coinciden en que este tipo de prácticas vulneran el principio de neutralidad y transparencia que debe regir toda función pública. “No se necesita una transacción para que exista conflicto de intereses. Basta con que exista una apariencia razonable de favorecimiento para que el hecho se torne cuestionable”, señala la abogada especialista en contrataciones del Estado, Rosa Alarcón Núñez.
