La congresista María Acuña Peralta, hermana del actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña, intentó obtener una concesión minera en pleno ejercicio de sus funciones parlamentarias, a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente. Y aunque su solicitud fue rechazada, su entorno familiar sí logró acceder al millonario negocio de las concesiones mineras en el norte del país, específicamente en la convulsionada provincia de Pataz, epicentro actual de la minería ilegal, de acuerdo a un informe publicado por el diario El Comercio.
En 2022, ya sentada en una curul, la legisladora de Alianza para el Progreso remitió oficios al Ministerio de Energía y Minas buscando recuperar una concesión minera previamente denegada. Se trataba del petitorio “Mary Dos”, ubicado en Incahuasi, Lambayeque, un derecho que había solicitado por primera vez en 2013, cuando su hermano Humberto Acuña era gobernador de esa región. El expediente fue rechazado por conflicto de interés. Pero María Acuña volvió a intentarlo, ya como congresista, violando el artículo 14 de la Ley General de Minería, que impide a los parlamentarios realizar actividades mineras durante el ejercicio de su función.
La maniobra no prosperó. Ingemmet resolvió mantener la denegatoria, pese a los oficios enviados por la propia congresista. Afirmó que su RUC estaba suspendido y que no cumplió con asistir a la audiencia de apelación. Cuando fue consultada, Acuña declaró no tener ninguna concesión activa, pero no mencionó que su esposo, Elver Díaz Baldera, había obtenido dos concesiones mineras en Pataz, justo mientras ella ejercía como congresista.
De acuerdo al Comercio, los registros públicos revelan que Díaz y Flavio de Fina Álamo —gerente de la empresa inmobiliaria Los Álamos, de propiedad de Acuña— tramitaron petitorios mineros entre 2019 y 2022. Varios de estos petitorios coinciden en datos como domicilio legal, número telefónico y hasta correo electrónico. Uno de los inmuebles señalados en los trámites es hoy un centro ocupacional vinculado a la legisladora.
Los contratos obtenidos por el entorno de Acuña se concentran en Pataz, la provincia donde se han reportado masacres, enfrentamientos armados, y donde operan mafias vinculadas a la minería ilegal. Curiosamente, su hermano César Acuña, como gobernador regional, ha sido duramente criticado por no intervenir con firmeza en esta zona estratégica, donde convergen intereses económicos y redes criminales.
Esta situación abre un debate urgente sobre conflictos de interés, tráfico de influencias y uso del poder político para acceder a recursos naturales. La congresista y su entorno podrían enfrentar investigaciones por parte de la Fiscalía de la Nación y de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ante el posible uso de su investidura para beneficio personal.
El caso de María Acuña es un ejemplo más de cómo las fronteras entre el poder político y los intereses privados continúan difuminándose en el Perú. Y más aún en regiones ricas en minerales, pero empobrecidas por la corrupción.
