En medio de las crecientes denuncias por presuntas irregularidades en las licitaciones millonarias del Gobierno Regional de La Libertad, el consejero regional Ever Cadenillas Coronel salió en defensa del gobernador César Acuña Peralta y calificó los señalamientos como parte de una “campaña política” sin sustento legal.
Durante la última sesión ordinaria del Consejo Regional, Cadenillas respondió con firmeza a su homólogo Robert de la Cruz, quien ha exigido que el Congreso y el Ministerio Público investiguen contratos por más de 300 millones de soles adjudicados a empresas vinculadas a jóvenes sin trayectoria técnica comprobada, entre ellas la de Lucero Coca Condori, de 23 años.
“Está claro que la intención es pinchar la llanta a César Acuña. Él no decide quién gana o pierde una licitación”, enfatizó Cadenillas, agregando que no existe prueba alguna que demuestre actos de corrupción por parte del gobernador. “No acostumbro a defender a nadie, pero debo salvaguardar su honra, porque conozco su accionar y sé que estas denuncias tienen un claro trasfondo político”.
Cadenillas cuestionó duramente a De la Cruz, a quien acusó de utilizar su profesión de abogado para lanzar acusaciones sin argumentos jurídicos sólidos, solamente para obtener notoriedad en los medios. Incluso deslizó la posibilidad de una futura demanda por difamación: “Las desatinadas denuncias que ha venido haciendo pueden terminar en el Poder Judicial. No se puede dañar honras alegremente”.
Asimismo, el consejero oficialista insistió en que los procesos de contratación están a cargo de un comité autónomo y de la Gerencia Regional de Contrataciones, dejando fuera de responsabilidad directa al gobernador. “El Consejo Regional debe mirar estos temas con enfoque técnico, no político. Desde la Comisión de Infraestructura venimos trabajando con transparencia”, remarcó.
La defensa de Cadenillas ocurre mientras crece la presión sobre el Ejecutivo regional tras revelarse que empresas lideradas por personas sin experiencia lograron contratos millonarios en obras como el Hospital de Virú, valorizado en más de S/ 194 millones.
Sin embargo, pese a los pronunciamientos y los pedidos de intervención de Fiscalía y Contraloría, desde el entorno de Acuña se sostiene que todo se trata de una estrategia para golpear su imagen, especialmente cuando el debate sobre futuras candidaturas ya empieza a agitar el escenario político regional.
