El Gobierno peruano plantea un nuevo régimen para la minería artesanal y de pequeña escala que, lejos de cerrar definitivamente el cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), podría prolongar sus efectos hasta el 30 de junio de 2028.
Así lo advierte el abogado César Ipenza, especialista vinculado al Observatorio de Minería Ilegal (OMI), quien cuestionó el proyecto de Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE) remitido por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) al Congreso de la República.
La propuesta contempla la creación de un Régimen de Consolidación, que entraría en funcionamiento el 1 de enero de 2027, inmediatamente después de la fecha prevista para el cierre del Reinfo, el 31 de diciembre de 2026. Para Ipenza, este mecanismo representa una ampliación del proceso de formalización bajo una denominación diferente, sin que necesariamente se corrijan las deficiencias que han impedido su culminación durante años.
El debate tiene especial relevancia para regiones como La Libertad, donde la actividad minera artesanal, la minería informal y las economías ilegales vinculadas a la extracción de oro plantean importantes desafíos de fiscalización, seguridad y protección ambiental.
Reinfo cambiaría de nombre, pero permitiría seguir operando
El punto más controvertido del proyecto es la creación del Régimen de Consolidación. Según el texto descrito en la propuesta, este mecanismo permitiría a los mineros incorporados continuar sus procedimientos de formalización durante un periodo que se extendería hasta mediados de 2028.
La iniciativa establece que la conclusión del proceso de formalización minera integral no extinguiría automáticamente los procedimientos en trámite ni afectaría la validez de los actos administrativos realizados durante su vigencia. En términos prácticos, el nuevo régimen permitiría mantener la continuidad de determinados procedimientos administrativos después del cierre formal del Reinfo.
El problema, según el Observatorio de Minería Ilegal, es que esta transición podría convertirse en una nueva prórroga sin resultados verificables. ¿Qué cambiaría realmente entre un minero inscrito en el Reinfo y otro incorporado al Régimen de Consolidación?
La respuesta dependerá de las condiciones de ingreso, permanencia, fiscalización y exclusión que finalmente establezca la norma. Para Ipenza, el riesgo es que se mantenga el mismo esquema que ha permitido prolongar durante años una situación de formalización inconclusa.
Otra preocupación es que la propuesta funciona como una norma marco y deja aspectos fundamentales para una regulación posterior. Entre ellos figuran las disposiciones específicas sobre adquisición, almacenamiento y utilización de explosivos, así como la adecuación de las funciones de fiscalización de distintas entidades.
El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo apruebe el reglamento en un plazo de 120 días calendario desde la publicación de la eventual ley. El Observatorio de Minería Ilegal advierte que esta fórmula podría generar incertidumbre sobre las condiciones concretas bajo las cuales operarían los mineros durante la transición.
También cuestiona que la propuesta permita continuar determinadas actividades mientras se tramitan instrumentos de gestión ambiental. Aunque la adecuación ambiental forma parte de los requisitos de formalización, el problema señalado por los especialistas es cómo se garantizará su cumplimiento efectivo. Una inscripción administrativa no equivale a contar con todas las autorizaciones ambientales, técnicas y de seguridad necesarias para operar. Por ello, la eficacia del nuevo régimen dependerá de la existencia de plazos exigibles, supervisión efectiva y consecuencias frente al incumplimiento.
FORMAPE: ¿una nueva institución resolverá el fracaso de la formalización?
La iniciativa contempla la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE). Según el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, esta entidad buscaría promover mejores estándares operativos, buenas prácticas laborales, innovación tecnológica y trazabilidad de la actividad minera.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, un organismo especializado podría contribuir a mejorar el acompañamiento técnico de los pequeños productores y facilitar su incorporación a la legalidad.
Sin embargo, el OMI cuestiona que crear una nueva entidad sea suficiente para superar las limitaciones que han caracterizado al proceso de formalización. La preocupación es que FORMAPE termine administrando una nueva etapa de informalidad prolongada, en lugar de establecer condiciones efectivas para culminarla.
El problema no se reduce a la estructura institucional. También involucra presupuesto, capacidad de supervisión, interoperabilidad de registros y coordinación con las autoridades regionales. La creación de FORMAPE, por sí sola, no garantiza que estos problemas queden resueltos.
Otro cuestionamiento del Observatorio de Minería Ilegal se concentra en las plantas de beneficio utilizadas para procesar minerales. El proyecto establece un esquema de fiscalización durante cinco años para las plantas que procesen más de 25 toneladas métricas por día, con participación de entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin y Sunafil.
El OMI advierte que las plantas de menor capacidad podrían quedar sujetas a un sistema de control cuya eficacia dependería de la implementación de FORMAPE. Esta preocupación resulta relevante porque las plantas de beneficio constituyen un eslabón importante de la cadena productiva del oro.
El control de estas instalaciones no solo involucra condiciones ambientales y de seguridad, sino también la trazabilidad del mineral recibido y procesado.
Sin mecanismos que permitan verificar de dónde procede el mineral, la formalización de los operadores podría resultar insuficiente para impedir que oro de origen ilegal ingrese a circuitos comerciales.
El Observatorio de Minería Ilegal también expresa preocupación por la falta de disposiciones explícitas sobre la responsabilidad penal de los mineros inscritos en el Reinfo que incurran en conductas contaminantes.
Según el especialista César Ipenza, el proyecto no resuelve suficientemente las controversias relacionadas con la protección penal del ambiente y los efectos de la inscripción en el registro.
