El impacto nacional que ha generado la masacre de 13 trabajadores en la provincia de Pataz sigue generando reacciones en el Congreso. El parlamentario Elías Varas, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, presentó una moción para crear una comisión multipartidaria investigadora que en un plazo de 90 días indague las causas estructurales, responsabilidades institucionales y posibles omisiones del Estado frente a la ola de criminalidad que azota esta provincia de la región La Libertad desde 2020 hasta la fecha.
La iniciativa propone investigar de manera directa la actuación y desempeño de instituciones clave como la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, así como al propio Gobierno Regional de La Libertad, ante el avance de mafias vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías ilícitas.
“Este no es un hecho aislado. Es un fenómeno estructural que implica actores criminales, omisiones del Estado y condiciones que permiten la reproducción del crimen organizado. Ya no es posible mirar a otro lado”, expresó Varas.
De ser aprobada por el Pleno, la comisión tendrá entre sus principales líneas de investigación: Identificación de las organizaciones criminales que operan en Pataz y zonas aledañas, incluyendo “Los Pulpos”, “Los Ochenta”, “La Jauría”, y otras bandas asociadas al control de vetas ilegales de oro; evaluación de la actuación (o inacción) de las fuerzas del orden, el Ministerio Público y el Poder Judicial ante denuncias, operaciones frustradas o procesos judiciales sin resultados; posibles actos de colusión, encubrimiento o corrupción entre funcionarios públicos y grupos delictivos, análisis de las condiciones socioeconómicas y ambientales que han permitido la expansión de actividades ilícitas y el reclutamiento de jóvenes por parte de mafias armadas; revisión de las consecuencias del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual ha sido señalado como herramienta que facilita la impunidad de operaciones ilegales disfrazadas de formalidad.
El Congreso toma esta iniciativa en un contexto en el que la ciudadanía desconfía de las instituciones. Las revelaciones recientes que vinculan a policías activos con empresas de seguridad privadas, y los cuestionamientos al fiscal que liberó a “Cuchillo” en 2023, han acentuado el clamor por una respuesta más firme del Estado.
“La tragedia de Pataz no debe quedar impune. Este es el momento para sincerar responsabilidades, dentro y fuera del uniforme”, añadió Varas, quien aseguró contar con el respaldo inicial de bancadas de izquierda, centro y derecha que coinciden en la necesidad de esclarecer la cadena de omisiones que permitieron esta masacre.
