El caso de alias “Cuchillo” ha desatado una tormenta institucional. Mientras el país exige justicia por el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, la Policía Nacional y el Ministerio Público protagonizan un cruce de acusaciones que pone en evidencia graves fallas en el sistema de lucha contra el crimen organizado.
Esta vez, el general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), acusó públicamente a la Fiscalía de la Nación —y en particular al fiscal provincial Edwin Ramos— por la fuga del presunto autor intelectual del crimen: Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”.
“¿Cómo un fiscal se preocupa tanto por liberar a un delincuente?”, cuestionó Ramírez durante una conferencia de prensa desde la sede de la Defensoría Policial. “Lamentamos que este señor haya salido del país, y eso es responsabilidad directa del fiscal que no abrió una investigación cuando debió hacerlo”, remarcó.
El fiscal Edwin Ramos, quien liberó a alias “Cuchillo” tras su captura en diciembre de 2023 en Casma, argumentó que el arma incautada estaba inoperativa y que no existía una orden de captura vigente ni antecedentes registrados en el sistema judicial. La Policía, según él, informó con retraso sobre la intervención, lo que dificultó sustentar una detención legal.
Sin embargo, el general Ramírez desmintió esta versión con documentación oficial en mano: “La intervención se hizo a las 3:40 p.m. y a las 2:40 ya se había notificado al fiscal. Él participó en todas las diligencias y no objetó nada. Ahora, cuando todo sale mal, quiere lavarse las manos”.
Además, calificó de inusual y sospechoso que el fiscal Ramos haya solicitado participar directamente en los peritajes del arma, algo que, aseguró, corresponde a la Policía de manera exclusiva.
“Nunca se ha visto que un fiscal pida estar presente en la prueba balística de un arma incautada. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué tanto interés?” Alias “Cuchillo” fue capturado en 2023 junto a otros individuos, en posesión de una granada y armas de fuego, pero fue liberado en menos de 48 horas. Hoy, su nombre resuena como el presunto autor intelectual de una de las peores masacres vinculadas a la minería ilegal en La Libertad. Según fuentes de inteligencia, actualmente se encontraría en Colombia, prófugo y fuera del alcance de la justicia peruana.
El enfrentamiento entre Fiscalía y Policía evidencia una fractura grave en la coordinación interinstitucional, pero también pone bajo sospecha las decisiones adoptadas por algunos operadores de justicia.
“Esto no puede seguir ocurriendo. Un fiscal no puede actuar con tanta negligencia cuando se trata de criminales que siembran el terror en las provincias”, sostuvo Ramírez, exigiendo que el Ministerio Público asuma su parte de responsabilidad en el caso.
Por su parte, la Inspectoría General de la Policía ya abrió un proceso disciplinario contra los agentes del Grupo Terna que intervinieron a “Cuchillo”, mientras que el Congreso discute la posibilidad de crear una comisión investigadora multipartidaria para esclarecer la actuación de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial en torno al crimen organizado en Pataz.
