Un informe de la Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa a un exfuncionario de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, en la región La Libertad, tras determinar que suscribió contratos con tres entidades públicas mientras mantenía vínculo laboral con la comuna esperancina, situación que contravendría las restricciones establecidas para los servidores del Estado.
Según el órgano de control, esta actuación habría generado un perjuicio económico de S/ 176 mil y configuraría una vulneración a la normativa que prohíbe la doble percepción de ingresos provenientes de entidades estatales.
El caso ha sido derivado a las instancias correspondientes para que se determinen las responsabilidades civiles y administrativas que pudieran existir.
Contraloría identifica contratación simultánea
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 010-2026-2-2061-SCE, la evaluación comprendió el periodo entre septiembre de 2023 y octubre de 2025.
Durante las investigaciones se determinó que el entonces funcionario mantenía vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de La Esperanza, condición que le impedía contratar servicios con otras entidades públicas, salvo las excepciones expresamente contempladas por la ley.
Pese a ello, habría suscrito diversos contratos con instituciones estatales mientras continuaba desempeñando funciones dentro de la administración municipal.
La Contraloría concluyó que esta situación constituye una infracción a las normas que regulan el ejercicio de la función pública y la percepción de ingresos provenientes del Estado.
Servicios contratados en Paiján, Virú y Chota
La investigación identificó contratos celebrados con tres entidades públicas distintas.
Uno de ellos fue suscrito con la Municipalidad Distrital de Paiján para la elaboración de instrumentos relacionados con la gestión del riesgo de desastres, por un monto de S/ 10 mil.
Posteriormente, el funcionario también habría prestado servicios para la Municipalidad Provincial de Virú, donde participó en la elaboración de expedientes técnicos de obras y un estudio de preinversión. Por estos trabajos percibió un total de S/ 124 mil.
Asimismo, la Contraloría detectó una contratación con la Universidad Nacional Autónoma de Chota para desarrollar un peritaje técnico vinculado a una obra universitaria, servicio valorizado en S/ 42 mil.
La suma de estas contrataciones alcanzó los S/ 176 mil observados por el órgano de control.
Declaración jurada también es observada
Uno de los aspectos que llamó la atención de los auditores fue la información presentada ante la Universidad Nacional Autónoma de Chota.
Según el informe, el exfuncionario habría suscrito una declaración jurada indicando que no percibía remuneración ni pensión del Estado, requisito necesario para la contratación del servicio profesional solicitado por dicha casa superior de estudios.
Sin embargo, las verificaciones realizadas posteriormente evidenciaron que mantenía vínculo laboral con una entidad pública durante ese periodo.
Este hecho forma parte de los elementos analizados por la Contraloría dentro de la investigación desarrollada.
Caso fue remitido a Procuraduría y Municipalidad
Tras concluir las acciones de control, la Contraloría dispuso remitir el informe a la Procuraduría Pública de la institución para que evalúe el inicio de las acciones civiles correspondientes.
Asimismo, la documentación fue enviada a la Municipalidad Distrital de La Esperanza para que adopte las medidas administrativas que considere pertinentes y determine las responsabilidades que pudieran corresponder a los involucrados.
El organismo de control recordó que los funcionarios y servidores públicos deben cumplir estrictamente las disposiciones relacionadas con incompatibilidades y restricciones en el ejercicio de la función pública.
El caso vuelve a poner en debate la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control dentro de las entidades estatales.
La Contraloría viene desarrollando acciones permanentes para detectar posibles irregularidades relacionadas con contrataciones, manejo de recursos públicos y cumplimiento de obligaciones por parte de funcionarios y servidores.
Las investigaciones buscan garantizar el uso adecuado de los fondos estatales y reforzar la transparencia en la gestión pública, especialmente en un contexto donde la ciudadanía exige mayor control sobre el desempeño de quienes administran recursos del Estado.
