La creciente conflictividad social vinculada a la actividad minera en La Libertad volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma normativa en el sector. El vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel, consideró que el próximo Gobierno Central deberá asumir como una prioridad la revisión y actualización de la Ley General de Minería para responder a los nuevos desafíos que enfrenta el país en materia ambiental, social y económica.
La autoridad regional formuló esta propuesta luego de los recientes acontecimientos registrados en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, donde pobladores y ronderos protagonizaron protestas contra actividades mineras que, según denuncian, estarían afectando las fuentes de agua utilizadas por las comunidades agrícolas y ganaderas.
La situación ha generado preocupación debido a la magnitud de los conflictos vinculados a la minería informal e ilegal en distintas zonas de La Libertad, una problemática que se ha convertido en uno de los principales desafíos para las autoridades nacionales y regionales.
Conflicto en Quiruvilca reabre debate sobre regulación minera
Las declaraciones de Ever Cadenillas se producen en un contexto marcado por la tensión social en el sector El Papelillo, donde integrantes de las rondas campesinas de Barro Negro destruyeron campamentos y equipos utilizados en labores mineras.
Los manifestantes sostienen que la actividad extractiva viene generando contaminación de ríos y quebradas que abastecen de agua a numerosas familias dedicadas a la agricultura y la ganadería.
La preocupación de las comunidades se centra en el impacto que tendrían los residuos y relaves sobre los recursos hídricos, situación que afecta directamente la producción agrícola y la salud de la población.
Para el vicegobernador regional, estos conflictos evidencian la necesidad de revisar el marco legal que regula la actividad minera en el país y establecer mecanismos más eficientes de supervisión, fiscalización y control ambiental.
La minería ilegal sigue avanzando en La Libertad
La Libertad es actualmente una de las regiones más golpeadas por la expansión de la minería ilegal e informal.
Además de Quiruvilca, provincias como Pataz y Sánchez Carrión enfrentan serios problemas relacionados con actividades extractivas desarrolladas fuera del marco legal.
En Pataz, la situación se ha agravado durante los últimos años debido al incremento de organizaciones criminales vinculadas a la explotación ilegal de minerales, lo que ha derivado en asesinatos, extorsiones, secuestros y enfrentamientos armados.
Diversos especialistas han advertido que la minería ilegal se ha convertido en una de las economías ilícitas más poderosas del país, superando incluso al narcotráfico en algunas zonas del territorio nacional.
¿Por qué piden revisar la Ley General de Minería?
Según lo expresado por Ever Cadenillas, la legislación vigente requiere una actualización que permita responder a una realidad muy distinta a la existente cuando fue aprobada.
El crecimiento de la minería informal, los vacíos normativos en procesos de formalización y los conflictos ambientales han puesto en evidencia limitaciones que dificultan una adecuada intervención del Estado.
La autoridad regional considera que el nuevo Gobierno deberá abrir un debate nacional sobre el futuro de la actividad minera, incorporando la participación de comunidades, empresas, autoridades regionales, especialistas ambientales y representantes del sector productivo.
El objetivo sería encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos minerales y la protección de los ecosistemas, así como garantizar el respeto de los derechos de las poblaciones que viven en las zonas de influencia minera.
El reto del próximo Gobierno
La discusión sobre la minería será uno de los principales temas que deberá afrontar la próxima administración nacional.
La creciente presión social en regiones como La Libertad, Cajamarca, Madre de Dios y Arequipa refleja la necesidad de construir políticas públicas capaces de enfrentar tanto la minería ilegal como los impactos ambientales derivados de actividades extractivas mal reguladas.
Para las autoridades regionales, la solución no pasa únicamente por reforzar los operativos de interdicción, sino también por fortalecer la fiscalización ambiental, mejorar los procesos de formalización y actualizar las normas que rigen al sector.
Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan exigiendo acciones concretas para proteger sus fuentes de agua, garantizar la sostenibilidad de sus actividades económicas y evitar que nuevos conflictos sociales escalen en distintas provincias de La Libertad.
