En una provincia golpeada por la delincuencia y declarada en estado de emergencia, la Contraloría General de la República reveló un hecho que podría agravar aún más la situación de inseguridad: la Comisaría de Virú no ha elaborado ni aprobado su plan de patrullaje por sectores para el año 2025. El documento, que debió estar listo hasta el 31 de octubre, es esencial para organizar la vigilancia policial, asignar recursos y determinar con claridad cuáles son las zonas críticas donde operan bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato y el tráfico ilegal.
La ausencia del plan equivale a dejar sin brújula a la principal unidad policial de una provincia que registra algunos de los índices más altos de violencia del país. Sin ese instrumento, no es posible definir rutas estratégicas, horarios de patrullaje ni despliegue de personal. Tampoco se puede medir la efectividad de las operaciones ni garantizar la seguridad de los agentes, especialmente en un territorio donde las organizaciones criminales han extendido su dominio hacia zonas agrícolas, áreas urbanas y rutas de transporte.
Durante la supervisión, los auditores también constataron un segundo problema que agrava la falta de planificación: no existe documentación que respalde los servicios policiales realizados. En la práctica, esto significa que no hay registros claros que permitan evaluar qué patrullajes se llevaron a cabo, con cuánta frecuencia, en qué sectores y con qué resultados. La Policía de Virú, según el informe, opera sin un sistema transparente de control y sin evidencia que permita justificar o mejorar su labor operativa.
A esta precariedad se suma una observación especialmente delicada en un contexto de emergencia: la comisaría no cuenta con un mapa gráfico ni georreferencial sobre medidas de protección a víctimas, un instrumento fundamental para atender con rapidez casos de amenaza, extorsión o violencia. En una provincia donde mujeres, transportistas, comerciantes y agricultores han sido blanco frecuente de bandas criminales, la ausencia de este recurso coloca a las víctimas en un estado de vulnerabilidad mayor.
El diagnóstico de la Contraloría también incluyó un recorrido por las instalaciones de la dependencia policial. Lo que encontraron refleja el deterioro progresivo de una infraestructura que no ha recibido mantenimiento adecuado: paredes con humedad, fisuras en techos, griferías inoperativas, desprendimiento de losetas y ambientes en malas condiciones. Las deficiencias no solo afectan la atención al ciudadano, sino que repercuten en la moral y desempeño del personal policial, que trabaja en un entorno precario mientras combate delitos de alto riesgo.
Los hallazgos fueron comunicados al jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, para que disponga medidas inmediatas. La preocupación es evidente: sin planificación, sin registros y sin condiciones adecuadas, la capacidad de respuesta policial queda debilitada justo cuando la criminalidad organizada ha extendido su influencia en Virú y distritos aledaños.
Mientras el estado de emergencia avanza, el informe de la Contraloría deja al descubierto un vacío estructural. La pregunta ahora es si la Policía corregirá a tiempo estas falencias o si Virú seguirá enfrentando a la delincuencia con una comisaría sin plan, sin datos y sin soporte logístico, en uno de los momentos más críticos de seguridad ciudadana en la región.
