La mañana de este lunes, en una esquina polvorienta de La Esperanza, cayó uno de los hombres más buscados de las últimas semanas: Pedro Goicochea Morales, alias ‘Perico’, de 31 años, señalado por la Policía como el presunto sicario que asesinó al juez de paz de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz, un crimen que remeció a la provincia de Ascope y volvió a poner en evidencia la presión que ejercen las mafias de tráfico de terrenos en el norte del país.
La intervención ocurrió en la intersección de la avenida Los Reyes con la calle Canal de Suez, durante un operativo del Departamento de Investigación Criminal Norte (Depincri Norte). ‘Perico’ no tuvo tiempo de reaccionar: los agentes lo redujeron rápidamente y, durante el registro personal, hallaron entre sus prendas una cantidad aún no precisada de pasta básica de cocaína (PBC), lo que refuerza el vínculo del detenido con redes delictivas vinculadas al narcomenudeo y la violencia armada.
Para la Policía, no se trata de un delincuente cualquiera. Es, hasta el momento, el principal sospechoso de haber disparado a quemarropa contra el juez de paz la tarde del 10 de octubre, dentro de su propia oficina. Ese día, los vecinos escucharon los disparos, pero quien escapó en una motocicleta negra fue otro personaje ya conocido por las autoridades: alias ‘Andy’, de 21 años, capturado hace varias semanas y hoy recluido en el penal El Milagro.
Las investigaciones del Depincri reconstruyen con claridad la cadena criminal: ‘Andy’ habría sido el encargado de trasladar a ‘Perico’ hasta la sede del juez; ‘Perico’, según la tesis policial, ingresó al despacho y le disparó directamente al pecho a Víctor Hugo López antes de huir. Un ataque ejecutado con precisión, propio de sicarios que trabajan para organizaciones consolidadas.
Las mafias detrás del crimen
El asesinato de Víctor Hugo López no fue un acto aislado ni fruto del azar. Según fuentes policiales, el juez venía recibiendo presiones y hostigamientos por parte de traficantes de terrenos vinculados a la organización criminal ‘Los Pulpos’, una de las bandas más peligrosas del norte peruano, dedicada no solo a extorsión y robo, sino al control de tierras agrícolas y áreas en proceso de urbanización.
El modus operandi es conocido en la región: los cabecillas reclutan a falsos posesionarios, usan la amenaza como herramienta de negociación y buscan legitimarse mediante constancias de posesión emitidas por juntas vecinales, tenientes gobernadores o jueces de paz. Víctor Hugo López, responsable legal en Chicama, habría sido presionado para firmar documentos que avalaran ocupaciones ilegales en amplios terrenos del valle.
López se negó. Y esa negativa bastó para convertirlo en objetivo. Según la Policía, la banda necesitaba legalizar una serie de invasiones estratégicas para continuar expandiendo su dominio territorial. El juez no cedió y, al hacerlo, se convirtió en un obstáculo. Esa resistencia —negarse a firmar actos fraudulentos— fue suficiente para que los criminales dictaran su sentencia de muerte.
La captura de ‘Perico’: un giro en la investigación
La detención del presunto sicario abre una nueva etapa en el caso. Con alias ‘Andy’ ya recluido y con ‘Perico’ bajo la lupa de la División de Homicidios, la Fiscalía Provincial Penal de Ascope contará ahora con el testimonio clave que podría confirmar la existencia de una estructura organizada detrás del asesinato.
Fuentes policiales indican que el celular de Goicochea será sometido a extracción forense, pues creen que contiene información relevante: contactos, actividades previas, rutas y hasta órdenes directas. La caída del presunto tirador también permitirá reconstruir la red de apoyo que lo ocultó por semanas en barrios de La Esperanza, territorio donde distintas bandas disputan espacios para vender droga y contratar sicarios.
De momento, la detención se suma a una línea de trabajo intensificada por la Región Policial La Libertad para desarticular células del sicariato que operan en la zona costera, especialmente en Chicama, Chocope, Paiján y La Esperanza.
Un crimen que refleja la crisis de seguridad en el norte
La muerte del juez de paz ha dejado en evidencia una verdad incómoda: en amplias zonas de La Libertad, el Estado no tiene control territorial. Las mafias de terrenos operan con impunidad, armadas, con logística y con capacidad para ejecutar asesinatos contra autoridades cuando estas no se subordinan.
El asesinato de un juez de paz —figura esencial para resolver conflictos locales, validar documentos y garantizar legalidad en zonas rurales— es un golpe directo a la institucionalidad. Y, al mismo tiempo, una señal del nivel de riesgo que enfrentan quienes intentan frenar el avance de estos grupos.
Mientras continúa la investigación, la familia del juez Víctor Hugo López exige justicia. La captura de ‘Perico’ es un paso, pero el caso aún tiene aristas pendientes: ¿quién dio la orden?, ¿quién financió el crimen?, ¿qué intereses territoriales estaban en disputa?
Por ahora, la Policía sostiene que el móvil está claro: López fue asesinado por negarse a ser un sello de legitimidad para la mafia. En La Libertad, donde el sicariato se ha convertido en una herramienta cotidiana para resolver disputas, la muerte del juez vuelve a estremecer a una región que sigue esperando respuestas y acciones firmes.
