A raíz del brutal asesinato de 13 trabajadores vinculados a la minería formal en Pataz, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, redobló sus cuestionamientos al actual modelo de formalización minera y lanzó un llamado urgente al Congreso para aprobar dos propuestas clave: la tipificación del “terrorismo urbano” y la implementación de la nueva Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala).
“La cadena perpetua resultaría insuficiente para tanta inhumanidad”, expresó Adrianzén en su columna de opinión publicada este domingo, al referirse a la masacre de abril que, según investigaciones, fue perpetrada por mineros ilegales coludidos con bandas armadas.
Adrianzén fue enfático en responsabilizar al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) de ser una “puerta abierta para la minería ilegal”, una herramienta que, en teoría, nació para facilitar la transición hacia la legalidad, pero que hoy —según sus propias palabras— ha sido cooptada por redes ilícitas que han sembrado el terror en regiones como La Libertad, Madre de Dios y Puno.
Pese a sus duras críticas, vale recordar que fue el propio Ejecutivo, en diciembre de 2024, quien promulgó la ley de ampliación del Reinfo, con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del mismo Adrianzén. Esta contradicción no pasó desapercibida para sus críticos en el Congreso, donde ya se han presentado cuatro mociones de censura contra el premier por su “incapacidad manifiesta” en materia de seguridad.
La propuesta del Ejecutivo de tipificar el “terrorismo urbano” busca llenar un vacío legal frente a fenómenos criminales que ya no responden a estructuras delincuenciales tradicionales, sino a mafias organizadas con armamento de guerra, control territorial y vínculos con la minería y el narcotráfico.
“Es eso lo que el Perú está sufriendo: terrorismo”, escribió Adrianzén. “Si no actuamos ahora, podríamos caer en un Estado fallido”.
Desde el Gobierno se insiste en que la minería ilegal ya no es solo un problema ambiental o fiscal, sino de seguridad nacional. La masacre de Pataz, la presencia de bandas como ‘Los Pulpos’ o ‘El Tren de Aragua’, y las disputas armadas por el control de vetas de oro en socavones informales han convertido amplias zonas del país en territorios sin ley.
Adrianzén también se pronunció sobre las crecientes tensiones políticas en el Congreso. En un tono conciliador pero firme, pidió que “no se caiga en acosos políticos ni en persecuciones judiciales con tufillo desestabilizador”, y llamó a una acción articulada entre los tres poderes del Estado y los gobiernos regionales y locales.
“Lo sucedido en Pataz debe ser un punto de inflexión. No nos distraigamos. Hay que trabajar por el país”, subrayó.
