Mientras el Gobierno Central ordena la paralización total de la actividad minera por 30 días en la convulsionada provincia de Pataz, las denuncias de una ejecución desigual de la medida empiezan a levantar una polvareda política y social.
Santos Quispe, presidente de las rondas campesinas de Pataz, acusó públicamente a las grandes empresas mineras de continuar operando pese a la disposición gubernamental, mientras los pequeños mineros son los únicos en ser fiscalizados y paralizados.
“Nos están engañando. Las grandes empresas siguen trabajando como si nada. Los únicos que han parado son los comuneros y pequeños mineros”, declaró Quispe en diálogo con Exitosa.
Según Quispe, lo que más indigna a las comunidades es que muchas de las concesiones hoy en manos de grandes compañías fueron anteriormente terrenos comunales o de propiedad familiar, cedidos –asegura– en procesos poco transparentes. “No sabemos cómo ni cuándo les dieron esos títulos. Pero hoy los antiguos dueños no pueden ni pisar esas tierras sin ser denunciados por invasión”, denuncia el dirigente.
“Cuando alguien quiere volver a trabajar en su propio terreno, la empresa lo denuncia. ¿Dónde está el derecho de propiedad ancestral?”, agrega.
Frente al recrudecimiento de la violencia en la región —con el reciente asesinato de 13 agentes de seguridad—, el Ejecutivo declaró la suspensión total de la actividad minera en Pataz, Palcoy y Tayabamba por 30 días, como parte de un plan de emergencia para restablecer el orden.
“No se permitirá ninguna actividad minera ni tránsito de producción, insumos o materiales”, señaló tajantemente el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo.
Además, se anunció la exclusión automática del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de aquellos inscritos en condición de suspendidos. También se establecieron rutas fiscales para el transporte de insumos, advirtiendo sanciones por transitar por caminos alternos.
Sin embargo, desde el interior de la sierra liberteña, los testimonios como el de Santos Quispe retratan una realidad diferente: los operativos se centran en mineros artesanales, mientras las empresas con maquinaria pesada siguen operando sin interrupciones.
El Gobierno ha sostenido que esta paralización permitirá a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomar control efectivo del territorio, escenario de disputas entre mafias mineras, bandas armadas y empresas en proceso de formalización. No obstante, lo que las comunidades denuncian es una discriminación encubierta bajo el nombre de legalidad.
“Se está sacando del juego a los más pequeños, a los que apenas están tratando de trabajar. A los que contaminan a gran escala y se llevan el oro, ni los miran”, expresa indignado un rondero de Vijus.
Montero también exhortó al Congreso a aprobar con urgencia una nueva ley que regule la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, en Pataz, la percepción es que las soluciones siguen beneficiando al poder económico y no atienden el fondo del conflicto: la falta de equidad, titulación transparente, y seguridad integral para todos los actores.
Las comunidades campesinas advierten que, de no corregirse la aplicación de estas medidas, la situación podría derivar en nuevas tensiones sociales. “O todos paramos o nadie. No queremos más muertos, pero tampoco más injusticias”, sentencia Quispe.
