Colegio de Ingenieros de La Libertad (CILL) atraviesa su momento más crítico tras revelarse un intento de robo millonario de sus cuentas bancarias, presuntamente desde el área de informática y bajo órdenes vinculadas al entorno del actual decano Enrique Luján Silva. La denuncia fue interpuesta por el propio director administrador de la institución, Raúl Álvarez Herrera, quien pidió la intervención de la Fiscalía.
Hackeo interno
Según Álvarez, el 3 y el 22 de julio detectó accesos no autorizados a su oficina. Las imágenes de las cámaras internas confirmarían el ingreso del asistente Geancarlos Espinoza, trabajador del jefe de informática César Vásquez León, fuera del horario habitual.
Cuando el administrador reclamó por los ingresos, Vásquez León le respondió que “lo hizo por orden del decano”. “Intentaron ingresar a las cuentas bancarias institucionales y bloquearon los sistemas de seguridad. No pudimos pagar a los trabajadores ni a proveedores. Fue un intento claro de vaciar los fondos del colegio”, denunció Raúl Álvarez.
Seguridad personal frustró el robo
Álvarez indicó que su formación en seguridad tecnológica en Israel fue crucial para evitar el robo. Mantuvo en un dispositivo independiente y custodiado el token digital de seguridad bancaria, evitando así que los accesos indebidos tuvieran éxito.
Gracias a esta previsión, se logró pagar sueldos y deudas recién el 5 de agosto, luego de restaurar el control sobre el sistema financiero del colegio.
Fiscalía abre investigación
Ese mismo día, el administrador interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Turno, que procedió de inmediato a incautar los equipos del área de informática, incluida la computadora de Álvarez, que quedaron lacrados y sellados en el área de control patrimonial.
“Se debe identificar a los responsables. No permitiremos que el colegio sea asaltado desde adentro”, señaló el denunciante.
Este escándalo se suma a las críticas previas hacia el decano Enrique Luján Silva, por supuesta injerencia de su esposa en decisiones administrativas y compras institucionales.
El gremio de ingenieros ahora exige una auditoría interna y sanciones ejemplares para los responsables de lo que podría ser el mayor escándalo financiero en la historia reciente del CILL.
