La gestión de Yvo Hora Ordinola como decano en el Colegio de Abogados de La Libertad está revestida de más de lo mismo: falta de transparencia. Nadie sabe cuánto ingresa y cuánto de dinero egresa de las arcas de todos los abogados.
La destitución de Jane Marianela Rodríguez Vásquez como gerente interina del Colegio de Abogados de La Libertad (CALL) ha generado una fuerte controversia dentro de la institución, no tanto por su salida sino por lo que ésta denunció antes de retirarse del cargo, es decir aparentes malos manejos de los fondos, denuncia que, por cierto, demanda ser investigada a fondo.
El conflicto se desató el 27 de diciembre de 2024, cuando Rodríguez presentó un informe en el que denunciaba presuntas irregularidades dentro de la gestión del Colegio al mando de Yvo Hora Ordinola.
Sin embargo, este documento fue entregado solo una hora y media antes de la sesión del Consejo Directivo en la que se discutiría su cese en el cargo. Esto generó suspicacias entre los miembros de la directiva, quienes consideran que su informe tenía una motivación personal y buscaba desacreditar la decisión del Consejo.
En respuesta, el decano del CALL, Yvo Hora Ordinola, emitió una carta notarial el 29 de enero de 2025, exigiendo a Rodríguez que se rectificara en un plazo de 72 horas, advirtiendo que, de no hacerlo, se iniciarían acciones legales en su contra. La misiva sostiene que las acusaciones de la exgerente son falsas, tendenciosas y carecen de fundamento.
LAS ACUSACIONES
El informe de Rodríguez Vásquez menciona una serie de supuestas irregularidades en la administración del Colegio, incluyendo manejo irregular de fondos en el que acusa una falta de control sobre los gastos de caja chica, incluyendo pagos sin justificación clara y falta de transparencia en el uso de recursos institucionales; uso indebido de bienes institucionales al señalar que un vehículo alquilado por el Colegio no era utilizado correctamente y que existían inconsistencias en los reportes de gasto de combustible.
Además de eso, Rodríguez Vásquez denunció contrataciones cuestionables al mencionar la presencia de personal en el Colegio que, según la exgerente, no desempeñaba funciones claras, así como deficiencias administrativas al criticar la falta de control en la entrega de boletas de pago y la supervisión de la asistencia del personal.
Además, mencionó que los gastos en combustible mostraban diferencias considerables en comparación con años anteriores, sugiriendo un posible mal uso de los recursos. Su denuncia indicaba que no se estaban siguiendo los procedimientos adecuados de control financiero, lo que podría haber permitido desvíos de fondos.
Otro de los puntos señalados en su informe fue el uso del vehículo alquilado por el Colegio de Abogados. Según Rodríguez, el automóvil no se utilizaba de manera eficiente para las actividades institucionales y en algunos casos habría sido utilizado para fines personales o sin una planificación adecuada.
La exgerente también afirmó que existía un manejo deficiente de los bienes adquiridos por la institución, con compras innecesarias o mal justificadas. Entre estos bienes mencionó equipos de oficina y material para mantenimiento, cuya adquisición y uso no estaban debidamente documentados.
Rodríguez Vásquez denunció la existencia de personal que, a su criterio, no realizaba funciones claras dentro del Colegio de Abogados. En particular, señaló al señor Antonio Torres, quien según ella habría sido contratado bajo condiciones irregulares y con un salario superior al justificado.
En su informe, expresó que Torres no tenía asignaciones definidas y que, en algunos casos, se presentaba en la institución en horarios irregulares sin cumplir con una jornada laboral establecida. Asimismo, cuestionó su rol dentro del Colegio, argumentando que no existía una justificación concreta para su presencia en múltiples áreas administrativas.
En su informe, Rodríguez señaló que el Centro Recreacional Cerro Blanco, administrado por el Colegio de Abogados, no contaba con una adecuada supervisión. Afirmó que no se estaban ejecutando acciones para potenciar su uso y generar ingresos para la institución. Además, criticó la falta de mantenimiento de las instalaciones y el desinterés en mejorar la oferta de servicios para los miembros del Colegio.
LO DESMIENTE TODO
La carta notarial enviada por el decano desmiente cada una de las acusaciones realizadas por Rodríguez. Se recalca que su gestión fue deficiente y que nunca reportó ninguna de estas supuestas irregularidades durante los siete meses en que ejerció como gerente interina. Asimismo, se destaca que: El Consejo Directivo tenía conocimiento y supervisión de los gastos, y se adjunta un informe contable que refuta las cifras presentadas en el documento de Rodríguez.
El vehículo alquilado fue utilizado regularmente, y cualquier inconsistencia en los reportes de combustible responde a necesidades operativas del Colegio. Yvo Hora respondió, además, que el señor Antonio Torres, a quien se señala como contratado de forma irregular, no era un trabajador sino un locador de servicios, cuya contratación fue aprobada en sesión de Consejo Directivo.
En la carta, el decano de abogados afirma que ñas acusaciones de falta de control administrativo son infundadas, ya que la exgerente tuvo a su disposición todos los mecanismos para corregir cualquier irregularidad y no lo hizo oportunamente.
El enfrentamiento ha dividido opiniones dentro del gremio de abogados en La Libertad. Mientras algunos respaldan la postura del Consejo Directivo, otros consideran que las acusaciones de Rodríguez deben ser investigadas con mayor profundidad.
Entre las razones expuestas para su destitución, la carta menciona que Rodríguez Vásquez habría incurrido en deficiencias operativas, como descoordinaciones en la organización de eventos, incumplimiento en la supervisión del personal y una falta de fiscalización de las actividades administrativas. Además, se le acusa de haber llegado tarde de manera reiterada a su centro de labores y de no haber impulsado proyectos clave, como la optimización del Centro Recreacional Cerro Blanco.
Otro de los puntos centrales de la controversia es la relación laboral del señor Antonio Torres, a quien Rodríguez señaló como presunto beneficiario de contrataciones irregulares. La directiva del CALL rechazó esta afirmación, asegurando que Torres era un locador de servicios, no un trabajador, y que su contratación fue aprobada por el Consejo Directivo. Asimismo, negaron cualquier uso indebido del auto alquilado para la institución, uno de los puntos clave de las denuncias de Rodríguez.
El decano Yvo Hora Ordinola advirtió que, de no producirse la rectificación solicitada en el plazo indicado, se tomarán acciones legales contra la exgerente por difamación y daños a la imagen del Colegio de Abogados de La Libertad..
El caso ha generado revuelo dentro del gremio de abogados de La Libertad. Mientras algunos miembros del Colegio respaldan la versión oficial del Consejo Directivo, otros consideran que las acusaciones de Rodríguez Vásquez deberían ser investigadas con mayor profundidad.
