La lluvia volvió a desnudar las fragilidades estructurales de un sistema de saneamiento que ya venía dando señales de advertencia. Esta vez, el colapso ocurrió en una de las infraestructuras clave para la sostenibilidad ambiental y la salud pública de la provincia: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Tablazo, en el distrito de Huanchaco. A raíz de los caudales extremos registrados tras las precipitaciones del 29 de marzo, la planta sufrió un desborde que ha encendido todas las alarmas.
Según informó Sedalib S.A., operadora de la planta, el emisor Mochica —conducto que lleva por gravedad las aguas residuales hasta El Tablazo— ingresó con volúmenes tan altos que hicieron imposible su contención. A esto se sumó la apertura descontrolada de buzones por parte de vecinos durante la lluvia, una práctica común en varios sectores sin infraestructura adecuada, que terminó por sobrecargar todo el sistema de recolección.
La consecuencia fue el desborde de las instalaciones, con afectaciones tanto a predios cercanos como a las pozas de cultivo de totora, uno de los ecosistemas más sensibles de la zona costera de Trujillo. Las imágenes compartidas por residentes muestran calles anegadas, mal olor en el ambiente y preocupación por posibles impactos sanitarios y ambientales.
Pero más allá del evento puntual, el problema tiene raíces profundas. Sedalib advierte que hay zonas completas que aún no están formalmente integradas al sistema: Huanchaquito alto y bajo, Las Lomas, El Trópico, Ramón Castilla, Cerrito La Virgen y otras áreas de expansión urbana que continúan descargando aguas sin control, contribuyendo al colapso. “Es fundamental que estos sectores se formalicen, se incorporen al sistema y cumplan con el pago del servicio. Sin eso, la sostenibilidad es imposible”, señala el pronunciamiento oficial.
En una postura firme, la empresa ha solicitado a las autoridades regionales y nacionales que autoricen, de manera excepcional, el vertimiento temporal de aguas tratadas al mar. La propuesta contempla hacerlo en zonas específicas, cercanas a las pozas de totora, donde —según los informes técnicos— no se afectarían los cultivos ni el ecosistema. El objetivo: evitar mayores daños a la propiedad privada y proteger la salud de los habitantes ante nuevos desbordes inminentes.
El pedido ha sido dirigido a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), la Municipalidad Distrital de Huanchaco, la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DGA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio Público, el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de La Libertad.
La crisis del sistema de alcantarillado en Trujillo no es nueva. Desde hace años, diversos informes han advertido sobre la falta de capacidad de las plantas de tratamiento, la inexistencia de un drenaje pluvial integral y la urbanización acelerada que no ha sido acompañada de obras de saneamiento. El propio proyecto de privatización parcial de la infraestructura de recolección y tratamiento de aguas residuales, promovido en alianza entre la Municipalidad Provincial de Trujillo, PROINVERSIÓN y el Ministerio de Vivienda, ha generado tensiones por su impacto económico y la posible exclusión de poblaciones vulnerables.
