Una oscura trama de corrupción habría operado durante la administración de Alianza para el Progreso (APP) en Sedalib, la empresa encargada del servicio de agua y saneamiento en Trujillo. Investigaciones lideradas por una fiscalía especial, en conjunto con un equipo especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP) proveniente de Lima, han puesto en la mira a un entramado de funcionarios y allegados al partido liderado por César Acuña Peralta, que ocuparon puestos claves dentro de esta empresa.
De acuerdo con las pesquisas y fuentes consultadas por Causa Justa, desde el Área Comercial de la empresa, manejada por un personaje estrechamente vinculado a la cúpula de APP, se habría facilitado la emisión de certificados irregulares de agua y desagüe para favorecer a mafias de tráfico de terrenos que operan en la ciudad.
La estrategia de esta red era tan eficiente como ilícita. Según fuentes cercanas a la investigación, el mecanismo consistía en fabricar documentos que daban viabilidad a proyectos de saneamiento para asentamientos informales, a pesar de que estos terrenos no cumplían con los requisitos legales y, en muchos casos, habían sido invadidos ilegalmente.
CON GENTE FUERTE
Un claro ejemplo de esta maniobra se detectó en la urbanización La Perla, una zona ubicada detrás del centro comercial Real Plaza de Trujillo, donde se permitió la instalación de redes de agua y desagüe en un terreno ocupado por una organización criminal vinculada a peligrosos delincuentes conocidos en el mundo del hampa como «El Negro Marcos» y «El Chato Haro».
Para legitimar estos proyectos, los responsables de la red utilizaban una práctica macabra: la firma de ingenieros que ya habían fallecido. De esta manera, lograban hacer pasar los expedientes por los filtros burocráticos sin mayores observaciones, otorgando así una supuesta viabilidad técnica a proyectos que, en condiciones normales, jamás habrían sido aprobados.
Una vez obtenidos los certificados, Sedalib procedía a instalar las redes de agua y desagüe en terrenos ocupados de manera ilegal, dándoles un aire de legitimidad que facilitaba el posterior tráfico de estos predios.
Lo alarmante de este modus operandi es que no solo beneficiaba a las mafias de tráfico de tierras, sino que también comprometía los recursos de la empresa Sedalib y, por ende, de la ciudadanía trujillana. Los costos de las instalaciones ilegales eran asumidos por la empresa de saneamiento, lo que implicaba un desvío de fondos públicos para financiar operaciones clandestinas que terminaban beneficiando a grupos criminales.
La fiscalía ha señalado que esta estructura corrupta no solo contaba con funcionarios dentro de Sedalib, sino que también podría haber implicado a personajes con conexiones en el ámbito político y municipal, lo que habría facilitado la agilización de trámites y la ausencia de controles efectivos.
AUDIOS DELATORES
El caso ha tomado un giro aún más grave luego de que la Fiscalía recibiera, de manera anónima, una serie de audios y fotografías que evidenciarían los nexos directos entre los funcionarios de Sedalib vinculados a APP y miembros de organizaciones criminales, así con un abogado que también forma parte de esta mafia.
Estas pruebas demostrarían la existencia de coordinaciones directas para facilitar la entrega de certificados y agilizar trámites administrativos en favor de invasores.
