En una acción coordinada para combatir la creciente ola de criminalidad y reforzar la seguridad ciudadana, la Primera FISPREV de Trujillo, liderada por la fiscal provincial Leyden Alvarado Olaya y las fiscales adjuntas provinciales Lessli Cabeza Jave y Teresa Cueva Alva, ejecutó un operativo integral en el distrito de Florencia de Mora. Esta iniciativa, que se llevó a cabo en áreas identificadas como de alto riesgo delictivo, refleja un esfuerzo mancomunado entre diversas entidades para prevenir delitos y asegurar el orden público en medio de una situación de emergencia prolongada en la provincia de Trujillo.
Las operaciones se centraron en sectores críticos como la av. 12 de Noviembre, la av. 26 de Marzo y el área conocida como 5 esquinas, lugares que han visto un incremento alarmante en actos criminales e inseguridad. El objetivo primordial de este operativo fue prevenir delitos contra el patrimonio y la violencia y criminalidad sexuales (VCS), entre otros, mediante un enfoque preventivo y de control.
Durante el operativo, se realizaron controles de identidad y vehiculares, arrojando resultados significativos que incluyen: Intervención de 81 vehículos: Esta acción permitió revisar la situación legal y el cumplimiento de las normativas de tránsito.
Identificación de 2 extranjeros (colombianos) en situación migratoria regular: Este hallazgo subraya la importancia de verificar el estatus legal de los residentes y visitantes en áreas de alta incidencia delictiva.
Infracción de 4 vehículos por la Unidad Policial de Tránsito: La falta de licencia, ausencia de SOAT y otras infracciones fueron las causas principales de estas acciones.
Conducción de 5 vehículos menores al depósito municipal: Estas medidas se tomaron en respuesta a infracciones a las ordenanzas municipales.
El personal fiscal aprovechó la ocasión para exhortar a conductores y peatones a mantener su documentación en regla y ajustar sus conductas al cumplimiento de las normas vigentes, especialmente en el contexto del estado de emergencia. Se recomendó a las entidades intervinientes proceder de acuerdo con sus competencias, enfatizando la colaboración y la responsabilidad compartida en la lucha contra la criminalidad.
