El caso que estremeció a Trujillo en 2023 vuelve a sacudir a la opinión pública. El empresario Iván Díaz Garrido, víctima de uno de los secuestros más brutales registrados en La Libertad, alzó nuevamente la voz para exigir que “caiga todo el peso de la ley” sobre todos los responsables de su cautiverio, tras conocer que el Ministerio Público habría dejado fuera de la acusación a varios delincuentes que ya confesaron su participación.
Díaz Garrido permaneció 11 días secuestrado, sometido a torturas físicas y psicológicas que incluyeron la mutilación de dedos como método de presión para forzar el pago de un rescate. A casi tres años de los hechos, lejos de encontrar alivio, el empresario y su familia enfrentan ahora una nueva indignación: la presunta omisión de acusar a sujetos clave que admitieron haber participado directamente en el crimen.
Entre los ausentes en la acusación fiscal figura alias “Cortadedos”, señalado por la propia Policía como el autor material de las mutilaciones. Según las investigaciones iniciales, este sujeto habría confesado ser quien ejecutó las amputaciones durante el cautiverio, uno de los episodios más crueles del caso. Sin embargo, su nombre no habría sido incluido en la reciente audiencia.
Tampoco aparece alias “Negrasho”, quien reconoció haber irrumpido violentamente en el local comercial del empresario, propinándole una golpiza que marcó el inicio del secuestro. Para la familia Díaz Garrido, su exclusión resulta incomprensible y alimenta la sensación de impunidad.
La indignación creció aún más con la exclusión de “La Coneja”, mujer a quien el propio Iván Díaz señala como pieza clave en la logística del secuestro y presunta colaboradora de la organización criminal Los Pulpos. Según el testimonio de la víctima, esta mujer habría proporcionado información detallada sobre los movimientos internos de su empresa, en coordinación con su exconviviente, Juanita Guibert Sandoval, señalada como presunta autora intelectual del plagio.
“Después de todo lo que hemos vivido, no vamos a permitir que se deje fuera a autores confesos. Exigimos que la Fiscalía explique por qué estas personas no están siendo procesadas”, expresó Díaz Garrido, visiblemente afectado. Sus familiares respaldaron el reclamo y advirtieron que, de persistir estas omisiones, acudirán a instancias superiores para solicitar el apartamiento de la fiscal Elena del Carmen Jara Castañeda, responsable del caso.
El reclamo no solo reabre las heridas de una familia marcada por el terror, sino que vuelve a poner en tela de juicio la lucha del Estado contra el crimen organizado en Trujillo. Para muchos ciudadanos, este proceso será una prueba decisiva de si el sistema de justicia está realmente en capacidad de sancionar con firmeza a quienes protagonizan secuestros y extorsiones en la región.
Mientras tanto, la familia Díaz Garrido asegura que no dará un paso atrás. “No buscamos venganza, buscamos justicia. Y justicia completa”, repiten, decididos a no permitir que el horror vivido quede impune.
