La violencia criminal volvió a golpear de manera directa al periodismo peruano. Esta vez, el escenario fue la carretera Panamericana Norte, en la región La Libertad, donde un ataque armado acabó con la vida del periodista Juan Fernando Núñez Guevara y dejó gravemente herido a su hermano David Jonatan Núñez Guevara. Tras semanas de investigación, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo logró que el Poder Judicial dicte 18 meses de prisión preventiva por el delito de sicariato consumado y sicariato en grado de tentativa.
La medida coercitiva fue impuesta contra Samuel Jeremías Jave Albarrán, señalado como uno de los presuntos implicados directos en el ataque. En paralelo, el Ministerio Público continúa investigando a Jaime Javier Zelada Paredes, en calidad de coautor, y a Marcos Lara Cruzado, como presunto cómplice, por su participación en la planificación y ejecución del crimen.
Un ataque planificado tras una cobertura periodística
De acuerdo con la tesis fiscal, el atentado ocurrió la noche del 6 de diciembre de 2025, cuando las víctimas regresaban luego de culminar la cobertura periodística de un evento. Al desplazarse por la Panamericana Norte, a la altura de la curva conocida como “La Barranca”, una motocicleta les cerró violentamente el paso. El vehículo era conducido —según la investigación— por Zelada Paredes, con Jave Albarrán como acompañante.
En ese punto crítico de la vía, el acompañante habría sacado un arma de fuego y efectuado varios disparos a quemarropa. El ataque fue letal para Juan Fernando Núñez Guevara, quien falleció en el lugar, mientras que su hermano David Jonatan sobrevivió con heridas de extrema gravedad. La escena, reconstruida por los investigadores, evidencia un accionar coordinado, con roles definidos y una clara intención homicida.
Prisión preventiva para asegurar el proceso
La decisión judicial de imponer 18 meses de prisión preventiva tiene como objetivo central garantizar la presencia del investigado durante el desarrollo de las diligencias y evitar riesgos de fuga u obstaculización de la investigación. Fuentes del Ministerio Público señalan que los elementos de convicción presentados —testimonios, pericias balísticas, análisis de desplazamientos y comunicaciones— fueron determinantes para sustentar la medida.
Este caso ha sido asumido por la Fiscalía bajo el enfoque de protección reforzada a la libertad de prensa, considerando que el crimen se produjo cuando las víctimas ejercían labores informativas. No se trata solo de un homicidio: es un ataque directo contra el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Periodismo bajo fuego
El asesinato de Juan Fernando Núñez Guevara se suma a una preocupante lista de agresiones contra periodistas en el norte del país, una zona golpeada por el crimen organizado, el sicariato y la expansión de economías ilegales. Para organizaciones de defensa de derechos humanos, este caso confirma que informar en determinadas regiones del Perú se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Desde la Fiscalía se ha reiterado que la investigación continuará “hasta identificar y procesar a todos los responsables, sin importar su nivel de participación”. El mensaje es claro: no habrá impunidad cuando se atenta contra la vida y contra la libertad de prensa.
Una señal institucional
Con esta actuación, el Ministerio Público busca enviar una señal institucional firme frente a los ataques contra periodistas. La prisión preventiva, en este contexto, no solo cumple una función procesal, sino también simbólica: reafirma que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes informan y de sancionar con todo el peso de la ley a quienes buscan silenciarlos con balas.
El caso entra ahora en una etapa decisiva. Mientras el proceso penal avanza, la memoria de un periodista asesinado y la lucha por justicia mantienen en vilo a una región que exige seguridad, verdad y garantías para ejercer el periodismo sin miedo.
