La reciente matanza de trece trabajadores en Pataz y el ataque armado a la planta de la minera Caravelí han empujado a las Cámaras de Comercio del norte del país a emitir un pronunciamiento contundente. El mensaje es claro: el crimen organizado ha ganado terreno en la sierra liberteña y el Estado está perdiendo la batalla.
Frente a los recientes hechos de extrema violencia, las cámaras de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura no solo expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas, sino que además exigieron una acción urgente y coordinada del Estado, advirtiendo que lo que está en juego es la soberanía del territorio, la seguridad ciudadana y la estabilidad económica de toda una región.
En el pronunciamiento, las Cámaras de Comercio del norte del país exigen al Congreso de la República para reformar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Para los gremios empresariales, este registro se ha convertido en un escudo de impunidad para operaciones ilegales, facilitando que grupos delictivos actúen al margen de la ley bajo una supuesta formalización que nunca llega.
“El REINFO no puede seguir siendo la puerta giratoria de la ilegalidad. Urge su reglamentación con cambios sustanciales”, sentencian.
Los gremios empresariales sostienen, además, que la respuesta del Estado ha sido “ineficaz y tardía” y la Policía Nacional del Perú, pese a contar con contingentes destacados en la zona, no da abasto. Las bandas criminales, por su parte, actúan con “gran poder logístico y armado”, en muchos casos superior al del propio Estado, remarcan en el comunicado.
En el comunicado conjunto, las Cámaras de Comercio del norte plantean la necesidad de ir más allá del ya insuficiente estado de emergencia. Proponen declarar estado de sitio, una medida más drástica que permitiría recuperar el control territorial con mayor firmeza, siempre que se acompañe de un enfoque estratégico que evite la agudización del conflicto social.
“No podemos seguir permitiendo que el futuro del Perú se vea comprometido por la inacción ni por la ausencia de una estrategia integral”, señala el documento. Para ello, exigen una ofensiva coordinada contra la minería ilegal, interdicciones a las bocaminas ya identificadas, fortalecimiento del sistema de inteligencia operativa, y una clara voluntad política para desarticular redes de financiamiento del crimen organizado.
Finalmente, las Cámaras no solo responsabilizan al Estado. Hacen también un llamado a la sociedad civil, empresarios, gremios, colectivos y líderes de opinión a no callar ante el avance de la criminalidad. “No podemos seguir siendo espectadores de una tragedia que avanza mientras nuestras voces se apagan”, expresaron.
Exigen al Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y la PNP a actuar con urgencia y sin cálculos políticos, para recuperar la autoridad del Estado y proteger no solo a los pobladores, sino también al empresariado formal que opera bajo las reglas de la legalidad.
