Mientras el país sigue sacudido por la masacre de 13 trabajadores en Pataz, las decisiones del Gobierno Central han generado duras críticas por parte del empresariado formal. Uno de los más contundentes ha sido Carlos Vílchez, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, quien acusó al Ejecutivo de adoptar medidas “erradas y contraproducentes” que castigan a la minería formal sin combatir realmente a la ilegalidad.
La reciente suspensión por 30 días de todas las actividades mineras —incluidas las de empresas legalmente establecidas— en distritos de La Libertad como Tayabamba, Palcoy y Pataz, ha sido calificada por Vílchez como “una decisión mal orientada, nacida de la improvisación y del desconocimiento técnico”.
“Suspender 30 días al formal, más no al ilegal, no resuelve nada. Al contrario, facilita que los informales sigan operando sin control. Se golpea a empresas como Poderosa, que invierten, tributan y generan empleo formal, mientras que las mafias continúan minando el Estado de Derecho”, advirtió.
El representante empresarial cuestionó duramente que el Gobierno no haya distinguido entre minería formal e ilegal en su respuesta a la crisis de seguridad en la zona, lo cual —según explicó— desincentiva la inversión privada y genera un efecto contrario al desarrollo económico regional.
“¿Quién va a querer invertir en un país donde se sanciona al que cumple la ley y se ignora al que la viola?”, sostuvo.
También advirtió sobre las graves consecuencias económicas y operativas de paralizar una unidad minera formal. Según estimaciones compartidas por gremios del sector, se pierden más de 80 millones de dólares en exportaciones por mes, y miles de trabajadores quedan en el limbo laboral. A esto se suma el riesgo de colapso de infraestructura crítica, como presas de relaves, que requieren monitoreo constante.
Pero la crítica de Carlos Vílchez no se limita al plano económico. También cuestionó la ineficiencia estructural del Estado en su lucha contra el crimen organizado, aludiendo a la designación de funcionarios sin el perfil técnico adecuado para enfrentar una crisis tan compleja como la de Pataz.
“Se necesita personal con experiencia, con conocimiento en inteligencia, criminalística y control del territorio. Pero lo que vemos es la designación de personas sin preparación, sin estrategia. Por eso los criminales avanzan y el Estado retrocede”, subrayó.
Para el empresariado, el mensaje que se está enviando es peligroso: el Estado no protege a quienes cumplen la ley. En este contexto, reiteró su llamado al Ejecutivo a cambiar de enfoque, fortalecer la seguridad con personal especializado y diferenciar con claridad a los actores formales de los ilegales.
“La inversión privada necesita seguridad jurídica y física. Si el gobierno sigue tomando decisiones con base en el populismo y no en la evidencia técnica, no saldremos de esta crisis”, concluyó.
