El Perú ha dado un paso significativo en su lucha contra la delincuencia organizada con la promulgación de la Ley 32183, que modifica el Código Penal para incorporar los préstamos extorsivos como una modalidad de extorsión y endurece las sanciones contra los delitos informáticos. Esta nueva legislación busca abordar fenómenos delictivos que han proliferado en los últimos años, afectando tanto a personas como a instituciones.
¿QUÉ ES LA LEY 32183?
La Ley 32183 introduce modificaciones clave en el artículo 200 del Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096), enfocándose en sancionar con mayor severidad las prácticas extorsivas que han evolucionado con el uso de la tecnología. Entre las principales medidas se destacan:
Incorporación de los préstamos extorsivos como delito penal: Este tipo de delito, que consiste en obligar a las víctimas a aceptar dinero o bienes bajo amenaza, intimidación, engaño o violencia, ahora está tipificado dentro del artículo 200 del Código Penal, con penas de 10 a 15 años de prisión.
Endurecimiento de las penas en los delitos informáticos: Se incorpora el artículo 8-A a la Ley de Delitos Informáticos, sancionando con penas de 10 a 15 años a quienes utilicen plataformas digitales o medios análogos para inducir a las víctimas a aceptar contratos fraudulentos con fines extorsivos. Las penas se incrementan a 15-25 años si se ejerce violencia o si la víctima pertenece a una población vulnerable.
Agravantes en casos de violencia y vulnerabilidad: Las sanciones aumentan cuando los delitos involucran violencia, afectan a menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se penaliza más severamente si el hecho es de carácter transnacional.
MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL
La Ley 32183 redefine el delito de extorsión en el artículo 200, estableciendo penas más estrictas y detallando agravantes específicas. Entre los puntos más destacados se incluyen:
Préstamos extorsivos: Se criminaliza la inducción o coacción para aceptar dinero bajo condiciones abusivas, con penas de 10 a 15 años.
Participación de funcionarios públicos: Se sanciona a aquellos que, utilizando información privilegiada, faciliten o contribuyan a la comisión de extorsiones.
Agravantes con penas de hasta cadena perpetua: Si la extorsión implica violencia extrema, toma de rehenes, afectaciones graves a la víctima o involucra menores de edad, las penas pueden llegar a ser de cadena perpetua.
MODIFICACIONES A LA LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS
El nuevo artículo 8-A de la Ley de Delitos Informáticos introduce una categoría específica para los préstamos informáticos extorsivos, una modalidad que ha proliferado con el uso de plataformas digitales. Este delito abarca casos en los que las víctimas son obligadas a aceptar contratos fraudulentos a través de amenazas o engaños.
La ley establece penas agravadas en situaciones de violencia o cuando la víctima pertenece a una población vulnerable, como menores de edad, personas con discapacidad o comunidades indígenas.
Con esta legislación, el Perú fortalece su marco legal contra las redes de extorsión y los delitos informáticos, problemáticas que han tenido un impacto significativo en la seguridad y la economía del país. Los préstamos extorsivos, por ejemplo, se han convertido en una práctica común en ciertos sectores, afectando principalmente a pequeños empresarios y trabajadores independientes.
La ley también busca disuadir la proliferación de plataformas digitales que operan al margen de la legalidad, aprovechándose de la tecnología para ejecutar actos delictivos.
